La medida central de esta actualización radica en un agresivo recorte de las tasas administrativas y, lo más relevante, en la declaratoria de gratuidad para las solicitudes de medidas cautelares. Esta decisión, alineada con la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, garantiza que los agentes económicos puedan frenar prácticas abusivas en tiempo real sin que el factor económico sea un impedimento. Entre los cambios más sustanciales destacan:
Costo Cero: Gratuidad total en solicitudes de medidas cautelares para asegurar la protección inmediata del mercado.
Reducción de Tasas: Menores aranceles en denuncias por colusión, abuso de posición de dominio y otras prácticas ilícitas.
Agilidad Procedimental: Optimización de tiempos en la recepción y trámite de expedientes bajo estándares internacionales.
El horizonte de la OCDE y la modernización del Estado
Este despliegue institucional no es un hecho aislado, sino un componente clave en la hoja de ruta del Perú para su adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Al integrar estas buenas prácticas de simplificación administrativa, el país se alinea con los estándares de las economías más desarrolladas del mundo, donde la vigilancia de la competencia es un pilar de la gobernanza pública. La reforma proyecta una señal clara de confianza hacia la inversión extranjera y el empresariado local: las reglas del juego son claras y la fiscalización es, ahora, más eficiente.
En última instancia, el fortalecimiento de la libre competencia técnica impacta directamente en el bienestar del consumidor final. Un mercado libre de cárteles y acuerdos bajo la mesa se traduce en mejores precios, mayor variedad de productos y una innovación constante. Con este nuevo marco normativo, el Indecopi reafirma su compromiso de actuar como un árbitro imparcial y accesible, consolidando una política de defensa del mercado que pone la eficiencia institucional al servicio de la ciudadanía.
Fuente: Andina.
