Piura, 09 / 07 / 2007
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a través de un pronunciamiento público, muestra su preocupación por el traslado de un destacamento del Ejército Peruano a la provincia andina de Ayavaca, en el departamento norteño de Piura, zona en la que se realizará, dentro de una semana, una consulta vecinal sobre el desarrollo de la actividad minera de la empresa Majaz.
Según el documento, fuentes de la PNP han informado que se trataría, “coincidentemente”, de un contingente militar que va a reconocer los hitos de la frontera con Ecuador y hacer un recorrido entre los poblados de Calvas y Chullo, ubicados en la zona en litigio. Sin embargo, señalan que la orden que da cuenta del recorrido es secreta.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advierte que si se tratara exclusivamente de una operación para el reconocimiento de hitos no se entiende la negativa a brindar información sobre el recorrido ni la asignación de 60 militares para tal efecto.
En ese sentido, a casi una semana de una consulta popular, la CNDH está alertando que la presencia de los efectivos del EP podría exacerbar los conflictos subyacentes y provocar una reacción confrontacional de la ciudadanía. “Es pertinente recordar a las autoridades y a la opinión pública que - salvo Estado de Emergencia- son las fuerzas policiales, y no las militares, las responsables de velar por el orden interno”, indican.
Asimismo se invoca a las autoridades competentes a que ordenen de manera urgente el retiro de los efectivos del ejército en la zona de influencia de la empresa Minera Majaz para evitar posibles vulneraciones de derechos humanos, afecciones a la vida y la integridad física.
Por otro lado, exhortan a las organizaciones de sociedad civil a hacer una tarea de vigilancia para el estricto respeto de las garantías fundamentales ante esta delicada situación; para que este proceso de consulta sea un espacio democrático y de plena vigencia del Estado de Derecho.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a través de un pronunciamiento público, muestra su preocupación por el traslado de un destacamento del Ejército Peruano a la provincia andina de Ayavaca, en el departamento norteño de Piura, zona en la que se realizará, dentro de una semana, una consulta vecinal sobre el desarrollo de la actividad minera de la empresa Majaz.
Según el documento, fuentes de la PNP han informado que se trataría, “coincidentemente”, de un contingente militar que va a reconocer los hitos de la frontera con Ecuador y hacer un recorrido entre los poblados de Calvas y Chullo, ubicados en la zona en litigio. Sin embargo, señalan que la orden que da cuenta del recorrido es secreta.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advierte que si se tratara exclusivamente de una operación para el reconocimiento de hitos no se entiende la negativa a brindar información sobre el recorrido ni la asignación de 60 militares para tal efecto.
En ese sentido, a casi una semana de una consulta popular, la CNDH está alertando que la presencia de los efectivos del EP podría exacerbar los conflictos subyacentes y provocar una reacción confrontacional de la ciudadanía. “Es pertinente recordar a las autoridades y a la opinión pública que - salvo Estado de Emergencia- son las fuerzas policiales, y no las militares, las responsables de velar por el orden interno”, indican.
Asimismo se invoca a las autoridades competentes a que ordenen de manera urgente el retiro de los efectivos del ejército en la zona de influencia de la empresa Minera Majaz para evitar posibles vulneraciones de derechos humanos, afecciones a la vida y la integridad física.
Por otro lado, exhortan a las organizaciones de sociedad civil a hacer una tarea de vigilancia para el estricto respeto de las garantías fundamentales ante esta delicada situación; para que este proceso de consulta sea un espacio democrático y de plena vigencia del Estado de Derecho.
Fuente: Oficina de Imagen Institucional y Relaciones CorporativasAsociación de Periodistas de Talara para Noticia Local
