Lima, 26 / 02 / 2008
Fotografía: Ademir Espíritu
La Defensoría del Pueblo detectó tres mil 256 casos de cobros desproporcionados y deficiente gestión en diversas municipalidades del país, en el marco de una investigación realizada sobre más de 12 mil denuncias formuladas entre enero del año 2006 y julio del 2007.
El informe defensorial “¿Uso o abuso de la autonomía municipal? El desafío del desarrollo local”, revela la existencia de prácticas en los gobiernos locales que ponen de manifiesto deficiencias en la prestación de servicios administrativos a los ciudadanos usando como justificación la autonomía municipal.
De los más de tres mil casos detectados, la mayoría se refiere a ineficiente servicio, incumplimiento de plazos y tasas incorporados al TUPA sin cumplir con la exigencia legal de aprobación mediante ordenanzas municipales.Para focalizar el tema y elaborar el informe, la Defensoría seleccionó 56 casos que reflejan de forma más evidente el uso incorrecto de la autonomía municipal, porque constituyen el incumplimiento de las normas contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, al Ley de Tributación Municipal y la Ley de Procedimiento Administrativo General.
“Las obligaciones desatendidas por los municipios están relacionadas con la prestación de servicios municipales, el cobro de tasas, así como con el cumplimiento de funciones de fiscalización y control”, sostiene el informe.
Agrega que estos problemas no sólo ponen de manifiesto que las municipalidades pretenden dar a la autonomía municipal un contenido absoluto que no se ajusta a los parámetros de un Estado unitario y descentralizado, sino que además cuestionan la idoneidad de algunos municipios para cumplir su papel de promotor de la economía y el desarrollo local.
Advierte en ese sentido, que ese proceder de los municipios perjudica y a mediano plazo “puede deslegitimar el proceso de descentralización emprendido desde el año 2002”.
La Defensoría señala también que muchos municipios han entorpecido el desarrollo local y el acceso de la gente a los servicios públicos domiciliarios al afectar el desarrollo empresarial “concretamente en la prestación de servicios públicos por privados”.
Igualmente, expresa que en la práctica las acciones de estas municipalidades pueden afectar los derechos específicos de las personas como el derecho de propiedad, a la identidad a la libertad de tránsito o a la libertad de empresa.
Fuente: Noticia Local - Agencias
