Piura, 16 / 06 / 2008
La especialista en gobiernos locales del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), Rosa Prieto, consideró que una de las debilidades del presupuesto participativo es que carece de carácter vinculante; vale decir, no es de aplicación obligatoria.
Señaló que algunas autoridades desconocen los acuerdos, reemplazando proyectos por otros, sin coordinación alguna con los agentes participantes, con el consiguiente malestar y desconfianza en los ciudadanos que participaron en el proceso.
Lamentablemente, las normas no prevén sanciones en este caso, y por lo general las intervenciones de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría General de la República no muestran mayor efecto en la resolución de los problemas creados.
"Es una gran limitación porque se deja a voluntad de las autoridades, a que cumplan o no, con los acuerdos del Presupuesto Participativo, porque la ley no los obliga a hacerlo”, declaró Prieto a Radio Cutivalú.
En consecuencia, existen proyectos priorizados que ocupan el primer lugar en la priorización durante tres años consecutivos pero no se ejecutan porque al alcalde simplemente “no le dio la gana”.
A pesar de esta limitación, la tendencia mayoritaria -tanto en las regiones como en las municipalidades- es que se respeten los acuerdos concertados. Rosa Prieto dijo que otra limitación es cuando los alcaldes dejan “todo” en manos de los equipos técnicos. “Las autoridades no le dan peso político que se merece”, finalizó.
Fuente: Noticia Local - Radio Cutivalú - CNR
