Ante la protesta, Sedapal aclaró que su rol se limita a la asistencia técnica para la liberación de redes de agua y alcantarillado mediante un convenio con Provías Nacional, asegurando que el traslado de árboles es necesario para estas labores y cuenta con permisos municipales. Por su parte, la empresa precisó que el proyecto de la Vía Expresa tiene un Estudio de Impacto Ambiental aprobado desde 2024 y una ficha técnica que contempla la afectación de árboles, evaluada por el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, los residentes exigen un mantenimiento adecuado de las especies reubicadas para evitar que mueran y demandan mayor claridad sobre quién asumirá la responsabilidad de su cuidado a largo plazo.
El conflicto ha generado momentos de tensión con la presencia de la Policía Nacional y personal de fiscalización, mientras los ciudadanos defienden los pocos espacios verdes que quedan en la zona por "dignidad y bienestar". Los vecinos sostienen que las cartas presentadas por la empresa no constituyen autorizaciones formales y critican que las obras perjudican a familias vulnerables, como un hogar de adultos con discapacidad intelectual. El colectivo anunció que continuará solicitando información oficial a las municipalidades pertinentes para esclarecer el alcance real de las intervenciones y frenar lo que consideran un manejo irregular del patrimonio ambiental del Callao.
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