Cadáveres hallados en el VRAE sí son de campesinos

Lima 06/10/2008

Los cinco cadáveres hallados en el Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE) no pertenecen a cinco presuntos subversivos, como informó el Ministerio de Defensa, sino a campesinos que habían desaparecido a mediados de setiembre, tal como denunció Lucy Pichardo, luego de una incursión militar en la zona.

Según informó el portal Peru.com, los primeros exámenes forenses, determina que los cuerpos serían del esposo, hermanos y cuñada embarazada de Lucy Pichardo, quien denunció las desapariciones durante operativos militares de búsqueda de Sendero Luminoso (SL).

Cabe indicar que dos de las víctimas habían sido sindicadas, por elementos del gobierno, como miembros del Comité Popular de dicha agrupación terrorista. En tanto, se desconoce el paradero de otros dos menores de edad, también familiares de la denunciante. Paula Capcha, abogada de la campesina, dijo que ha presentado denuncias ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Ayacucho, así como un hábeas corpus para que las autoridades brinden información lo más rápido posible.

Cabe recordar que los pobladores de la comunidad de Pichis Río Seco, compresión de Huarcatán en el distrito de Ayahuanco de la provincia de Huanta, denunciaron la desaparición de cuatro personas y dos niños el pasado 14 de septiembre, tras una incursión militar a la zona.

Lucy Pichardo, una de los familiares de las personas desaparecidas, acompañada por el teniente gobernador de la zona, llegaron hasta la provincia de Huanta para poner en conocimiento este hecho ocurrido en horas de la noche del 14 de setiembre cuando, con disparos al aire, militares ingresaron a esta comunidad presumiblemente en el marco de una operación antidrogas.

Pese a los testimonios y declaraciones, el Ministro de Defensa Antero Flores Araoz negó que hayan existido detenidos o desaparecidos durante las últimas operaciones militares en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE).

Inclusive este fin de semana, Flores Araoz viajó a la zona de la intervención y aseguró que representantes de la Defensoría del Pueblo avalaron el hecho que no hubo ninguna incursión militar, ni mucho menos desaparecidos.

Por su parte el representante de la Asociación Paz y Esperanza, Germán Vargas, calificó de "ligeras" las declaraciones del ministro de Defensa Antero Flores Araoz quien, luego de su visita al Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) negó cualquier tipo de participación militar en la desaparición de pobladores del caserío de Pichis Río Seco, tal como se denunció hace unos días.

Fuente: CNR - NOticia Local

Presentan Hábeas Corpus contra García y dos ministros tras desaparición de once pobladores de comunidad Pichis Río Seco

Ayacucho, 30 / 09 / 2008

Los abogados de los pobladores desaparecidos en la comunidad Pichis Río Seco, en la provincia de Vizcatán (Ayacucho), presentaron un Hábeas Corpus ante el Poder Judicial de Huamanga, en contra del presidente Alan García, los ministros Luis Alva Castro (Interior) y Antero Flores Aráoz (Defensa), y el comandante general de Ejército, Edwin Donyare, por la desaparición forzada de once personas ocurrida el 14 de setiembre.

El documento fue firmado por los letrados Paola Capcha Cabrera y Willy Córdoba Pure, quienes estuvieron acompañados por el consejero regional de la provincia de Huanta, Zacarías Morales Castillo. Ellos anunciaron que acudirán ante las últimas instancias para aclarar el caso.

Según el corresponsal de Ideeleradio, la denuncia exige el esclarecimiento de los excesos cometidos contra la población civil de dicha zona del VRAE; de los cuales se han identificado a seis personas: Félix Canchaya Limachi, Maximiliano Jesús, Moisés Pichardo Fernández, Rosa Chávez Iguncha (5 meses de gestación), Fresia Linda Chávez Pichardo (2 años).

Lucy Pichardo Fernández, y el gobernador del distrito de Llochehua, acudió el pasado viernes a realizar la denuncia ante el Ministerio Público, por la desaparición de su esposo y de cinco familiares, pero no obtuvieron la atención debida, a pesar de existir indicios de que las Fuerzas Armadas realizaron una incursión en algunas localidades el VRAE en busca de supuestos remanentes de Sendero Luminoso.

Fuente: Ideele - Noticia Local

Poder Judicial declara imprescriptible crimen en cuartel Los Cabitos - 1983

La Sala Penal Nacional confirmó la imprescriptibilidad de los delitos de secuestro, tortura y desaparición forzada en agravio de Arquímedes Ascarza Mendoza, desaparecido en el cuartel Los Cabitos de Huamanga, Ayacucho el 2 de julio de 1983, por efectivos militares.

La resolución declara infundadas las excepciones de prescripción deducidas por el implicado, Coronel Julio Carbajal D'Angelo, en el proceso seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de secuestro, tortura y desaparición forzada en agravio de Arquímedes Ascarza Mendoza y otras cincuenta y dos víctimas.

Asimismo, considera que la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada y la tortura son hechos crueles y atroces que constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos; y en tal sentido, "deberá ser considerado como delito permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima".

La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, saluda dicha decisión y la considera un paso importante en la búsqueda de justicia en el caso Los Cabitos, base militar en la que habrían desaparecido unas 138 personas entre 1983 y 1984, según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Recientes exhumaciones en fosas de Los Cabitos arrojaron un hallazgo de restos de quince cuerpos que esperan ser identificados.

Datos:

Julio Carbajal D’Angelo prestó servicios, del 15 de agosto al 15 de diciembre del año 1983, en condición de Coronel de Infantería del Ejército Peruano en la Segunda Región Militar con sede en la ciudad de Ayacucho, asignado al Cuartel General de la Segunda División de Infantería BIM N° 51, conocido como “Cuartel Los Cabitos”.

La madrugada del 2 de julio de 1983, un grupo de fuerzas combinadas irrumpió en el domicilio de Arquímedes Ascarza Mendoza, ubicado en el asentamiento humano Ciudad Libertad de las Américas (Huamanga), deteniéndolo y obligándolo a acompañarlos.

El padre de la víctima, Estanislao Ascarza Barrón, pudo identificar a los captores como miembros del Ejército y la Policía de Investigaciones, pues vestían pantalones verdes, botas y capuchas negras, y portaban armas largas.

Angélica Mendoza, madre de Arquímedes, indicó que uno de los militares le dijo que acudiera al cuartel Los Cabitos al día siguiente, donde encontraría a su hijo, agregando que sólo pretendían tomarle una declaración. Días después un suboficial del Ejército le entregó una nota de su hijo y le manifestó que éste se encontraba detenido en el cuartel Los Cabitos.

Ana María Ascarza Mendoza, hermana de la víctima, dijo a la CVR que 15 días después de la detención se enteraron de que Arquímedes había sido subido a un helicóptero con otras 14 personas. Desde entonces no volvieron a tener noticias de él.

Fuente: Área de Comunicación APRODEH

Identifican a cinco víctimas de la masacre de Chaupiorcco

Lima, 19 / 08 / 2008

A dos décadas de la desaparición de 17 pobladores de las comunidades de Socco, Amoca y Checcasa, en la provincia de Aymaraes, Apurímac, el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) ha logrado identificar los restos de las 5 víctimas exhumadas en la localidad de Chaupiorcco en el año 2005.

Las identificaciones fueron posibles gracias a análisis de ADN realizados por el EPAF con la colaboración de los laboratorios del Grupo BODE, los cuales confirmaron y completaron la información obtenida por el equipo en el año 2005, a través del análisis Antropológico Forense como perito de parte de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), representante legal de las familias. Entre las víctimas identificadas se encuentran 3 hombres y 2 mujeres.

La masacre habría ocurrido el 13 enero de 1988. El día 8, según los testimonios, miembros del Ejército Peruano detuvieron a 3 personas en la comunidad de Socco. Entre el 10 y el 12, esa misma patrulla detuvo a 14 personas más en la comunidad de Checcasa, manteniéndolos secuestrados y sometidos a torturas.

Al grupo se unió un detenido de la comunidad de Amoca. La noche del 13 de enero, mientras los detenidos eran trasladados a la Base Militar Santa Rosa, el grupo fue dividido. Luego de que el primer grupo cruzara el túnel de Huayquipa, los miembros del segundo grupo oyeron disparos y gritos, según el testimonio del único sobreviviente, que consiguió huir esa noche. Lo último que supo del segundo grupo es que era trasladado hacia la Base Militar Santa Rosa.

“Las identificaciones representan un paso crucial al intentar establecer qué sucedió ese día,” dice José Pablo Baraybar, Director Ejecutivo del EPAF. “Esperamos que esta información ayude al avance del proceso judicial, ya que los familiares continúan buscando justicia.”

“La identificación de las víctimas es un hecho importante para los familiares pues una de sus demandas principales es la recuperación de los restos de sus seres queridos a fin de darles sepultura de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. El reconocimiento de las víctimas es en sí un acto de justicia, ya que ella no puede limitarse solo a la sanción de los responsables, sino que también debe responder a la demanda de los familiares sobre el paradero de sus seres queridos, los mismos que en casos como éste, permanecieron en calidad de desaparecidos durante más de dos décadas”, refirió la abogada de APRODEH, Gloria Cano.

El trabajo del EPAF ha sido posible gracias a la colaboración de BODE Technology Group y Creative Learning, además del soporte financiero del Comité de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL) del Departamento de Estado de los EEUU.

Fuente: Noticia Local - Aprodeh

Deudos de masacre de Accomarca esperan justicia

Lima, 12/08/2008

El presidente de la Asociación de Familiares Afectados por la Violencia Política del Distrito de Accomarca (AFAVPDA), Celestino Baldeón, se mostró afligido por los hechos ocurridos en dicha localidad ayacuchana, al conmemorarse 23 años de la masacre perpetrada por efectivos militares.

“Para nosotros es volver a vivir, después de 23 años, que perdimos nuestras familias, asesinadas despiadadamente por militares salvajes, en especial mujeres y ancianos”, manifestó.

Por su parte, la abogada de los familiares de las víctimas de Accomarca, Karin Ninaquispe, lamentó que hasta la fecha no se haya hecho justicia en este caso, pese a las pruebas que evidenciarían la responsabilidad del Ejército en este hecho.

“Han pasado 23 años y hasta la fecha no se ha encontrado justicia, pese a todas las acciones que han realizado los familiares. Existen pruebas contundentes y no se hace justicia. Estamos en un proceso judicial lento; se han exhumado los cadáveres y todavía no se realiza la identificación de los restos para restituirlos a los familiares, a fin de que darles una cristiana sepultura”, comentó.

A su turno, Baldeón compartió el sentimiento de indignación de los deudos ante la demora de las investigaciones y la falta de sanciones drásticas para los responsables de tan horrendo crimen a comuneros de Accomarca. “Son 23 años y hasta ahora no hemos llegado a manos de la justicia para que los culpables sean castigados. Los huérfanos nos hemos quedado traumados y heridos porque no se hace justicia, pero hemos decidido continuar hasta el último porque los culpables deben ser castigados con todo el peso de la ley”.

En ese sentido, hizo un llamado al Ejecutivo para que acelere el proceso penal en este caso, a fin de hacer justicia a sus familiares. “Pediríamos al gobierno que avance el caso para que, de esa manera quedemos, por así decirlo, conformes aunque no recuperemos a nuestras familias. Esta matanza ha sido grave y debe ser castigada”, remarcó.

Finalmente, Ninaquispe informó que en los próximo días se estará ejecutando la sentencia de extradición del militar Juan Rivera Rondón, actualmente en Estados Unidos, y a quien se sindica como presunto responsables de la masacre a fin de que sea juzgado en nuestro país por dicho crimen.

“Rivera Rondón se negó a subir al avión en Maryland y frustró su deportación (...) En el transcurso de esta semana sería ejecutada esta orden. Tenemos confianza en las autoridades migratorias estadounidenses porque nos han demostrado que no albergarán a violadores de derechos humanos en su país”, puntualizó.

Rivera Rondón comandó la patrulla militar denominada "Lince Seis", que incursionó el 12 de agosto de 1985 conjuntamente con la patrulla de Telmo Hurtado en la localidad de Lloccllapampa (Accomarca) donde asesinaron a 69 personas, entre mujeres y niños.

Fuente: Noticia Local - CNR - Agencias

Ex Colina admite asesinato de periodista en Tingo María

Lima, 31 / 07 / 2008

El ex integrante del Grupo Colina, Jesús Sosa Saavedra, conocido con el apelativo de "Kerosene", admitió que el destacamento "Escorpio", liderado por el ex mayor Santiago Martín Rivas, asesinó al periodista Guillermo López, de Tingo Maria (Huánuco) como parte de una "operación especial de inteligencia".

Sosa Saavedra formuló esta declaración al presentarse en calidad de testigo en la audiencia Nº 85 del juicio oral que se le sigue al ex presidente Alberto Fujimori por presuntas violaciones a los derechos humanos durante su régimen (1990-2000).

Más adelante, detalló que entre los años 1988 y 1989 fue parte de un equipo especial de inteligencia que era liderado por Santiago Martin Rivas, el cual realizaba labores de obtención de información y algunas operaciones especiales de inteligencia.

Además, Sosa expresó que este equipo se conformó a pedido de la Segunda División de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (Segunda DIEMFA) del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas (CCFFAA).

Relató que este equipo especial al mando de Martin Rivas elaboró los planes de operaciones conocidos como Plan Cipango 1,2 y 3, y Plan Andante 1,2 y 3 del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), y que contaba con el apoyo económico de la Segunda DIEMFA.

Como se recuerda, Sosa Saavedra, quien se hizo conocido como "Kerosene" por su costumbre de calcinar a sus víctimas para ocultar las huellas, fue capturado en abril pasado por la Policía en el distrito limeño de Barranco.

Fuente: Noticia Local - Agencias - CNR

Descubren restos de niños entre víctimas de matanza en Bambú

Aucayacu - Huánuco, 01/07/2008

Los restos de cuatro niños fueron descubiertos por el equipo forense del Instituto de Medicina Legal (IML) que trabaja en la exhumación de once personas asesinadas en marzo de 1992 por fuerzas militares en el caserío de Bambú, a cinco kilómetros al sureste de Aucayacu, capital del distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado.

Los trabajos, iniciados el pasado 23 de junio, han permitido la recuperación de diez de las once víctimas. De los vestigios recuperados, se ha determinado que cuatro pertenecerían a menores de entre 13 y 14 años de edad.

Cabe recordar, sin embargo, que en este lugar fueron victimadas un total de 50 personas. De esa cifra, 17 fueron rescatadas por sus familiares, que tuvieron que solicitar un salvoconducto al entonces Comando Político Militar del Huallaga. El resto de asesinados terminaron en una fosa común, de donde hoy están siendo exhumados.

El equipo forense que encabezan el doctor Omar Pinto Vila y el arqueólogo Flavio Estrada continuarán con sus labores hasta el 5 de julio. Luego, se procederá a la devolución de los restos a sus familiares, de modo que puedan darles sepultura en el cementerio de Aucayacu.

Cabe recordar que, el 10 de marzo de 1992, miembros de Infantería de Marina en la zona de Aguaytía llegaron hasta la margen izquierda del Río Huallaga para perpetrar este operativo, que se saldó con la vida de adultos mayores y niños.

Fuente: Noticia Local - Agencias - Radio Amistad - CNR

Descubren sexta fosa en Putis

Lima, 01/07/2008

El director regional de la Asociación Paz y Esperanza en Ayacucho, Nolberto Lamilla, confirmó que se ha encontrado una sexta fosa con restos, aparte de las cinco que ya habían sido exhumadas hasta el 25 de junio en la comunidad de Putis, provincia de Huanta.

“Por testimonios de habitantes de la zona, pudimos localizar una sexta fosa en donde se han encontrado también restos de personas que habrían sido victimadas con los demás pobladores en la zona de Putis”, informó.

Lamilla aseguró que esta sexta fosa ha sido inmovilizada por el Ministerio Público para realizar la reprogramación del trabajo de exhumaciones en el más corto plazo posible.

De otro lado, Lamilla señaló que es “muy extraño” que el Ministerio de Defensa (MINDEF) no brinde la información requerida para reconocer a los responsables del Ejército que perpetraron la matanza en Putis, en el año 1984.

“Respecto a Putis se ha hecho requerimiento de información (al MINDEF) hasta tres veces, desgraciadamente la información que ha enviado al ministerio Público ha sido escasa y dicen que no han encontrado los archivos y las referencias a pesar que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha mostrado los cargos de esos documentos”.

Como se recuerda, a fines de mayo se inició la exhumación de la fosa común más grande del Perú, ubicada en la comunidad de Putis, en las alturas de la provincia de Huanta.

A la fecha, se han desenterrado los restos óseos de más de 60 personas -entre ellos 12 niños y niñas de entre 6 y 12 años de edad- presumiblemente procedentes de las comunidades de Vizcatampata, Cayramayo, Sinhuamachayniyocc, Orccohuasi y Mashuacancha. Todos ellos acudieron al llamado de la base militar con la finalidad de buscar protección frente al hostigamiento y ataque de la subversión.

Fuente: Noticia Local - CNR - Agencias

Demandan condena a Ley del Retorno

Lima, 23 / 06 / 2008

Los gobiernos, las organizaciones parlamentarias de Latinoamérica y la Organización de Estados Americanos (OEA) deberían expresar con mayor fuerza su voz de protesta por la aprobación de la denominada “Ley del Retorno” en el Parlamento Europeo.

Así lo sostuvo Javier Mujica, responsable del programa de Derechos Humanos de Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL), quien consideró que “no sólo el Parlamento Latino, sino el Andino y la Asamblea General de la OEA deben pronunciarse frente a este tema (...) corresponde a los gobiernos manifestarse sobre esto de manera muy dura y exigir una revisión de las políticas aprobadas”.

Como se recuerda, la denominada “ley del retorno” aprobada por el Parlamento Europeo establece sanciones contra los migrantes “sin papeles” que estén en los países de la Unión Europea, los cuales tendrán un plazo de 30 días para regularizar su situación o retornar a su país de origen; caso contrario serán retenidos por un plazo máximo de un año y medio y expulsados a su país sin el derecho a acogerse a una defensa de oficio.

Para Mujica Petit, la carencia de documentos es una falta administrativa y la norma aprobada “es una ley violatoria de cualquier estándar de derechos humanos incluso los de la Unión Europea pues criminaliza a los inmigrantes indocumentados, por una falta administrativa a la cual se les aplica una sanción muy fuerte”.

En ese contexto, el representante de CEDAL advirtió que los migrantes serán “cazados literalmente para recluirlos y expulsarlos de la Unión Europea”.

Fuente: Noticia Local - Agencias - CNR

Critican falta de colaboración del Gobierno para esclarecer matanza en Putis

Lima, 30 / 05 / 2008

El director nacional adjunto de la Asociación Paz y Esperanza, Germán Vargas, criticó la falta de colaboración del Gobierno en las investigaciones sobre la matanza de más de un centenar de campesinos de la comunidad de Putis (Ayacucho) en noviembre de 1984 a manos de miembros del Ejército Peruano.

“La Comisión de la Verdad y Reconciliación solicitó en su momento información al Ministerio de Defensa. Sin embargo no se proporcionó nada con el argumento que siempre se usa en estos casos de que no hay información o de que se trató de una base militar itinerante. Entonces desde nuestro punto de vista, hay una intención de encubrir las responsabilidades criminales que venían del Ejército”, señaló.

Como se recuerda, el pasado viernes se inició la exhumación de la fosa común más grande del Perú, ubicada en la comunidad de Putis, en las alturas de la provincia de Huanta. A la fecha, se han desenterrado los restos óseos de unas 60 personas, entre mujeres, varones, niños y niñas, presumiblemente procedentes de las comunidades de Vizcatampata, Cayramayo, Sinhuamachayniyocc, Orccohuasi y Mashuacancha.

“Se trata de un hecho perpetrado por militares en circunstancias deplorables porque se trató de comuneros que habían acudido a la base militar de Putis solicitando protección, pero ésta se tradujo más bien en la traición y asesinato de familias enteras”, manifestó.

Vargas Farías indicó que, al igual que esta fosa común, habrían otras cuatro más, en donde según familiares de las víctimas, se encontrarían enterradas unas 200 personas de la misma comunidad.Ante esta penosa situación, el representante de la Asociación Paz y Esperanza lamentó que las autoridades, pese al tiempo transcurrido desde aquella tragedia, no hayan podido emitir justicia en este caso.

Por otro lado, Vargas Farías dijo que sería grave y lamentable que el gobierno decida abandonar el Pacto de San José para no abordar este tipo de temas en los tribunales internacionales.

“Sería sumamente grave y lamentable porque seria anular la posibilidad defender nuestros derechos, entonces se está haciendo copiar este libreto que tuvo la dictadura fujimorista y eso no es nuevo. Creo que con ello estamos conociendo la tendencia autoritaria del actual gobierno, cada vez más dura”, acotó.

Fuente: Noticia Local - Agencias - CNR

Carmen Azparrrent recupera su libertad

Lima, 14 / 05 / 2008

Después de más de dos meses de detención Carmen Azparrent Riveros, recupero su libertad luego que la titular del Primer Juzgado Penal Supraprovincial, Jessica León, variara el mandato de detención por el de comparecencia restringida.

De esta manera son dos ya las personas liberadas –la primera fue Melissa Patiño– de las siete que fueron apresadas el pasado 29 de febrero en Aguas Verdes, cuando retornaban de Ecuador luego de haber participado en un evento político abierto y legal en Quito.

Miguel Jugo Viera, director ejecutivo de Aprodeh, destacó la pronta liberación de Azparrent, pues de esta manera queda claro que no existe ninguna prueba que la vincule con algún grupo terrorista; y además, agregó, porque su salud se ha visto seriamente afectada en el penal pues ella sufre de una enfermedad que requiere atención especializada. En todo caso, la comparecencia restringida es un paso hacia la demostración definitiva de su inocencia.

De igual manera, ponderó la actitud de la titular del Primer Juzgado Supraprovincial por no dejarse presionar por la campaña mediática que trata de criminalizar a personas que no tienen nada que ver con la subversión pero que lucha por el medio ambiente y por sus derechos sociales y políticos.

Las otras personas detenidas cuando retornaban del Ecuador son Damaris Velasco Huiza, Armida Valladares Jara, María Gabriel Segura, Roque Gonzales y Guadalupe Hilario Rivas, esta última también afectada por serios problemas de salud.

La notificación judicial fue comunicada el pasado martes 23 de mayo a la doctora Katya Pinedo Torres, del área DESC de Aprodeh y abogada de Carmen Azparrent, quien señaló que su patrocinada debe estar abandonando en las próximas horas el penal de Santa Mónica de Chorrillos.

Fuente: Noticia Local - Agencias

Presentan ante TC acción de inconstitucionalidad de decretos que criminalizan protestas sociales

Lima, 12 / 05 / 2008

Con la presencia de representantes de diversas organizaciones sociales, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) presentó ante el Tribunal Constitucional, la demanda de inconstitucionalidad contra los decretos legislativos que criminalizan la protesta social, la misma que fue posible luego de una campaña de recojo de más de 6,500 firmas.

En el acto participaron el director ejecutivo de Aprodeh, Miguel Jugo; Wilfredo Ardito, responsable del Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DESC, Olmedo Auris y Luis Isarra, dirigentes nacionales de la CGTP; Melchor Lima de la Confederación Campesina del Perú, CCP y Mario Palacios de CONACAMI.

Miguel Jugo destacó la importancia del acto, pues de esta manera se busca que la máxima instancia en materia de control constitucional pueda pronunciarse sobre aquellos artículos del Decreto Legislativo 982 que atentan contra derechos fundamentales de los ciudadanos, sobre todo de los sectores más pobres y vulnerables, que precisamente han sufrido las consecuencias de la criminalización de las protestas sociales.

Por su parte Wilfredo Ardito explicó que el recurso de inconstitucionalidad se basa en que el Poder Ejecutivo solo estaba facultado para regular la problemática del crimen organizado y no para emitir normas de carácter general, como la inimputabilidad a policías y militares que maten personas, la sanción a las autoridades que apoyen huelgas, las posibilidades para detener personas sin mandato judicial, la reducción del rol del Ministerio Público, la sanción hasta con 25 años de prisión al bloqueo de carreteras (que ya está sancionado), entre otros temas.

Agregó que estos decretos legislativos son una especie de “espada de Damocles” contra los ciudadanos que puede acrecentar el temor a expresarse públicamente, así como percibir a la Policía como un ente hostil a sus derechos, por lo que deben ser derogados. Señaló que en los próximos diez días, el Tribunal Constitucional debe estar declarando la admisibilidad del recurso y confía que para el mes de julio del presente año ya puedan tener una sentencia definitiva.

En iguales términos opinaron otros dirigentes como Mario Palacios, presidente de CONACAMI, quien destacó la importancia de esta demanda pues es el resultado del trabajo conjunto de organizaciones sociales con el respaldo de instituciones defensoras de los derechos humanos, como APRODEH; recordó asimismo que bajo el amparo de estos decretos, en la actualidad hay 300 dirigentes comuneros y ronderos denunciados por defender sus tierras y territorios.

Hay que remarcar que en lo que va del régimen, por lo menos 18 personas han sido presuntamente asesinadas por las fuerzas policiales, la gran mayoría de ellos mientras participaba en movilizaciones policiales, como ocurrió en febrero durante el paro nacional agrario.

Fuente: Aprodeh - Agencias

Aprodeh sostiene que considera al MRTA como grupo terrorista

Lima, 26 / 04 / 2008

Cuidado con la persecusión política. Según la ONG Aprodeh el pasado 22 de abril dirigió una carta a los integrantes del Parlamento Europeo en la expresa "su rechazo y condena a los actos de terror de los grupos como SL y el MRTA que operaron en los años de violencia política” (sic).

En la misma señala, en atención a una propuesta de enmienda al párrafo 14 de la Resolución Común sobre la V Cumbre UE-ALC de Lima, que “desde hace más de 8 años no se conocen actividades del MRTA, sus principales dirigentes están en prisión, algunos cumplieron sus penas y decenas se encuentran desvinculados viviendo en muchos lugares del mundo. (…) Estimamos que no se debe sobre dimensionar la existencia y actividad de un grupo como el MRTA, que puede servir para perseguir a activistas sociales y opositores políticos, acusándolos injustamente del delito de terrorismo”.

La ONG expresa su preocupación respecto del actual escenario escenario político en el cual la calificación del MRTA como un grupo terrorista activo podría servir de pretexto para perseguir a activistas sociales y opositores políticos, acusándolos injustamente del delito de terrorismo, ello considerando la campaña impulsada desde el gobierno por criminalizar la protesta social.

En una democracioa no se puede tolerar la persecución judicial y las acusaciones sin fundamento a los dirigentes y autoridades comunales, a activistas de derechos humanos, entre otros actores que defienden su justo derecho al agua, a la tierra, a un medio ambiente sano, a la libertad de opinión, de organización y de asociación.

Así tenemos los casos de los dirigentes comunales y de las rondas campesinas acusados de terrorismo por oponerse a la presencia de la minería. También tenemos el caso de los detenidos injustamente en Tumbes, como la señora Carmen Azparrent, acusada de terrorismo cuando se trata más bien de una víctima de Sendero Luminoso pues su propio padre, Fermín Azparrent, fue asesinado en Ayacucho en 1989 por dicha agrupación.

Fuente: Noticia Local - Agencias

500 mil peruanos perdieron partidas de nacimiento durante violencia política

Lima, 03 / 04 / 2008

Como consecuencia de la destrucción de los libros de las oficinas de los registros civiles siniestrados durante la violencia política (1980- 2000), más de medio millón de peruanos carece de partidas de nacimiento, reportó la Defensoría del Pueblo en su Informe Nº 130.

El informe, titulado Devolverles su identidad es devolverles sus derechos. Supervisión a los registros siniestrados a consecuencia de la violencia política”, recoge los resultados de una supervisión realizada durante los años 2005 al 2007 a los registros civiles.

Según datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de 2005, citados por la Defensoría del Pueblo en dicho documento, de los 386 registros civiles siniestrados, el 73 por ciento (251) fue destruido por la violencia terrorista.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo considera que en promedio cada oficina de registro civil siniestrada ha perdido 41 años de registro, con lo que resultaron a su criterio por ello afectados 517 mil 192 ciudadanos.

La Defensoría del Pueblo precisa que sólo en las 38 oficinas registrales supervisadas el año pasado, se encontró que 78 mil 300 personas estarían afectadas por la pérdida o destrucción de sus partidas de nacimiento a causa de los registros siniestrados durante los años de la violencia política.

A través del citado documento, la Defensoría presenta los principales problemas que sufren las personas indocumentadas, como los relacionados con el procedimiento de autorización para la reinscripción de las partidas de nacimiento perdidas a raíz de la violencia política.

Fuente: Noticia Local - Agencias

Confían en que justicia de EEUU deportará a Telmo Hurtado

Lima, 03 / 04 / 2008

La abogada de la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (ADEHR), Karim Ninaquispe, aseguró que existen pruebas irrefutables que permitirán que las autoridades estadounidenses fallen a favor de la deportación del ex comandante EP (r) Telmo Hurtado, responsable del asesinato de 69 campesinos perpetrado en la localidad de Accomarca, provincia de Vilcashuamán (Ayacucho) el 14 de agosto de 1985.

En declaraciones, Ninaquispe Gil consideró casi imposible que la justicia norteamericana catalogue a Hurtado como un perseguido político, ya que en ningún momento ha presentado pruebas respecto a que su vida correría peligro.En ese contexto, se espera que el fallo final respecto al proceso civil que mantiene Telmo Hurtado en los Estados Unidos sea favorable para los deudos de Accomarca.

Así mismo, minimizó las declaraciones de Hurtado, quien en todo momento ha señalado que podría ser asesinado de ser deportado al Perú. De igual modo, Ninaquispe recordó que el ex militar ha reconocido ser el autor de la masacre de Accomarca.

“No olvidemos que el año pasado fue sentenciado a seis meses de prisión por haber fraguado su visa de turista. Eso nos da una muestra de la justicia estadounidense que esperamos sea justa aplicando la deportación de Telmo Hurtado en este caso”, concluyó.

Como se recuerda, el 14 de agosto de 1985, 69 campesinos del distrito ayacuchano de Accomarca fueron ejecutados extrajudicialmente en la zona denominada LLoccllapampa, por efectivos militares pertenecientes al Comando Político Militar de Ayacucho, que recibían órdenes del general Wilfredo Mori Orzo. El militar que lideró la operación de ejecución fue el entonces suboficial Telmo Hurtado Hurtado.

Fuente: Noticia Local - Agencias

Umberto Jara reitera que guerra de baja intensidad fue aprobada por Fujimori

Lima, 31 / 03 / 2008

El periodista Umberto Jara Flores continuó con su testimonio en el juicio a Fujimori dando una serie de detalles de sus entrevistas con Santiago Martin Rivas en las que corrobora la responsabilidad de Nicolás Hermoza Ríos y de Alberto Fujimori en los hechos del destacamento “Colina” y la implementación de la guerra de baja intensidad contra el terrorismo.

El periodista afirmó que en el material de audio y video que entregará a la Sala Penal Especial, Martin Rivas reitera que la estrategia de guerra de baja intensidad para enfrentar a Sendero fue expuesta por él en una reunión denominada Mesa Redonda.

Sin embargo, además de la unanimidad del alto mando militar, “lo más importante, era recabar la aprobación de Alberto Fujimori, en tanto Presidente y jefe de las fuerzas armadas, pues sin su respaldo político no se podía aplicar esta estrategia”.

En función de dicha estrategia, el trabajo de inteligencia ya dejó de ser solo la búsqueda de información y pasó a operar militarmente, capturando y eliminando a sospechosos de terrorismo. Para Martin Rivas, a la guerra contra Sendero Luminoso no se iba a capturar ni a detener, sino a combatir, a matar; y para eso se tenía que readecuar el servicio de inteligencia, que además era el nexo con el Presidente de la República.

Para Martin Rivas, el respaldo político de Alberto Fujimori se expresó, antes de las operaciones criminales, en las dos cartas de felicitación presidencial a los integrantes del destacamento Colina; y después de las mismas, con el famoso paseo de tanques que ordenó el general Nicolás Hermoza Ríos, el 21 de abril de 1993, cuando una comisión legislativa de la época investigaba los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta.

Hay otro elemento que se mencionó en la audiencia y que tiene que ver con la responsabilidad compartida entre Fujimori y Hermoza Ríos. ¿Por qué se mantuvo a Hermoza Ríos como Comandante General del Ejército, por casi ocho años? Según Martin Rivas, la única razón es porque compartían la misma responsabilidad en la aplicación de la guerra de baja intensidad.

Martin Rivas también le manifestó a Jara que cuando se hizo público el caso La Cantuta se temió que la responsabilidad llegara a los altos mandos y, para que ello no ocurra, había que decir que se estaba haciendo una investigación. “Por eso yo me inmolé y fui a prisión por pedido de Hermoza Ríos, pero cuando estuve preso nunca más quiso hablar conmigo”, le manifestó el ex jefe de “Colina”.

Jara Flores también refirió que el atentado de Tarata, realizado dos días antes del asesinato de La Cantuta, así como la ley de amnistía, también fueron materia de sus diálogos con Martin Rivas. Este le señaló que exigió a sus superiores que dicha ley se diera antes del proceso electoral del 95, tal y conforme ocurrió.

Fuente: Noticia Local - Agencias - Aprodeh

Ex jefe del SIE corrobora existencia de Colina

Lima, 10 / 03 / 2008

El ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), Alberto Pinto Cárdenas, reconoció que a través de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), le dieron cuenta verbal de la existencia del grupo Colina.

En la audiencia número 34 del proceso, Pinto Cárdenas fue confrontado por el fiscal adjunto Avelino Guillén con una anterior declaración suya en que señalaba la existencia de ese grupo, aunque decía que desconocía sus actividades.

"No puedo esconder nada. Si he dicho eso, es correcto", reconoció el militar quien cuando era jefe del SIE en 1992 firmó memorándums en que ordenaba a dos suboficiales mujeres a que se integren al "desto Colina" (destacamento Colina).

La declaración de Pinto Cárdenas respalda la versión que diera otro ex jefe del SIE, el coronel Víctor Silva quien declaró que recibió órdenes superiores para dar armamento y todo lo necesario para la formación de una unidad militar que luego se denominaría destacamento Colina.Durante su testimonio, Pinto Cárdenas señaló en todo momento que el SIE era una unidad subordinada de la DINTE.

En tal sentido, debió acatar la orden de inamovilidad dada el día del autogolpe de Estado, perpetrado por Fujimori el 5 de abril de 1992.Agregó que, ese mismo día, la Comandancia General del Ejército le dio la orden para recibir a detenidos en las instalaciones del SIE. “Desde mi percepción las detenciones dadas en los sótanos del SIE no eran ilegales. Yo sólo cumplía órdenes”, remarcó.

En ese sentido, refirió que fueron miembros de seguridad del Estado y del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), lo que llevaron al periodista Gustavo Gorriti y al empresario Samuel Dyer hasta los sótanos del SIE, como “medida de seguridad”.

“En el SIE no hubo detenciones a civiles, excepto las del periodista Gustavo Gorriti y la del empresario Samuel Dyer, porque eran presuntos sospechosos, y su derivación al SIE no me llamó la atención por la situación de estado de emergencia que vivía el país por esos años”, acotó.

Fuente: Noticia Local - Agencias - CNR

CIDH reitera responsabilidad del Estado en caso Cantoral-García

Lima, 06 / 03 / 2008

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, reiteró la responsabilidad del Estado peruano en el caso de los asesinatos del dirigente de la Federación Minera, Saúl Cantoral Huamaní, y de la activista social Consuelo García Santa Cruz, y desestimó así una demanda de interpretación presentada por el Estado.

Esta nueva sentencia de la CIDH, que fue dada a conocer este miércoles 5 de marzo, se emitió en respuesta a la demanda de interpretación que planteó el Estado el 31 de octubre del año 2007, a través de su representante Luis Alberto Salgado sobre “la aplicabilidad de un recurso de revisión” de la sentencia que responsabiliza al Estado por la muerte de ambos ciudadanos.

Cabe remarcar que el 10 de julio del año pasado, la CIDH se pronunció sobre el caso Cantoral-García, señalando la responsabilidad del Estado en ambos actos criminales, y exigiendo que se tomen las acciones pertinentes para investigar, identificar y sancionar a los responsables, así como que se repare a los familiares de las víctimas.

En dicha sentencia también se considera la hipótesis de que los autores del crimen ocurrido el 13 de febrero de 1989, hayan sido agentes estatales, que actuaron durante el primer gobierno de Alan García, en cuyo gobierno la Federación Minera de la cual Cantoral Huamaní fue su secretario general, realizó contundentes huelgas nacionales en defensa de sus derechos laborales.

En opinión de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, la reiteración de la sentencia emitida por la CIDH, es de mucha trascendencia, no solo porque se ratifica la responsabilidad del Estado, sino porque exige que se tomen las medidas del caso para evitar que los responsables de los asesinatos queden impunes.

Fuente: Aprodeh

Telmo Hurtado es hallado culpable en EE.UU por masacre de Accomarca

Miami, 04 / 03 / 2008

El juez del Tribunal del Distrito Federal de Miami, en Estados Unidos, Adalberto Jordan, encontró culpable al ex suboficial del Ejército Peruano, Telmo Hurtado Hurtado por la masacre de Accomarca, en el que se asesinó extrajudicialmente a 69 campesinos ayacuchanos, el 14 de agosto de 1985.

La abogada de los familiares de las víctimas de Accomarca, Karim Ninaquispe, informó que el magistrado estadounidense ordenó que el ex militar conocido como "El Carnicero de los Andes", pague una reparación civil de 37 millones de dólares a las sobrevivientes de la masacre de Accomarca, Teófila Ochoa Lizarbe y Cirila Pulido Baldeón, por los daños y perjuicios ocasionados por más de 20 años.

En el fallo, el juez Adalberto Jordan recomendó además que Hurtado Hurtado debería ser deportado o extraditado al Perú, para que responda por los actos de violación de derechos humanos que cometió junto a otros militares, cuando cuatro patrullas que estaban bajo su mando ingresaron a esta comunidad y acribillaron a 69 personas, entre ellos 30 niños y 27 mujeres, aduciendo que se trataban de terroristas.

Fuente: Noticia Local - Agencias - Ideele

Lanzan campaña para mejorar trato de transportistas hacia escolares

Lima, 04 / 03 / 2008

A fin de disminuir el número de menores de edad heridos por accidentes de tránsito -que durante el 2007 fue de 5,812-, la Defensoría del Pueblo lanzó, en el inicio del Año Escolar 2008, la campaña denominada “Si transportas a un niño, respeta sus derechos”.

La titular de esta institución, Beatriz Merino, informó que se realizará un conjunto de actividades destinadas a que la Municipalidad de Lima ejerza efectivamente su función fiscalizadora respecto de las empresas de transporte urbano y de las movilidades escolares, para que se brinde un transporte adecuado a los escolares.

Los conductores de unidades de transporte urbano incurren en diversas faltas, como malos tratos, pero también no recogen a los escolares, a pesar de tener suficiente capacidad en su vehículo, indicó.

Señaló que este no es el único problema, ya que de las 7 mil unidades que transportan escolares de manera particular, solo 791 están registradas por la Municipalidad de Lima, lo que pone en grave riesgo la seguridad de los menores.

Estas faltas, de acuerdo a la Ordenanza de Transporte Urbano N° 104, son sancionadas con el 10 por ciento de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) equivalente a 3 mil 500 soles. A pesar de esto, hasta la fecha ningún transportista ha recibido sanción alguna.

Fuente: Noticia Local - Agencias