Cajamarca, 28 / 12 / 2007
El Ministerio Público nombró al titular de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Cajamarca, José Luis Castillo Espejo, como fiscal ad hoc con competencia nacional para investigar a la familia Sánchez Paredes por presunto desvío de insumos químicos al narcotráfico, tráfico de drogas y lavado de dinero.
Según revela la revista Caretas, inicialmente, Castillo sólo indagaba a los hermanos Manuel, Armando y Amanda Sánchez Paredes por presunto desvío de insumos químicos al narcotráfico. Como se recuerda, el 23 de marzo de 2007, la Policía intervino en la Vía de Evitamiento de Cajamarca un camión de la empresa “Transportes Príncipe Azul” (vinculada a las hijas de Perciles Sánchez, asesinado en 1991), que llevaba un cargamento de cinco toneladas de óxido de calcio (IPQF) sin documentación que acreditara su legalidad.
Días después, se decomisó e incautó 230 toneladas de insumos químicos a las siguientes empresas: Unión, Calcáreos e Inversiones Amazonas, en Cajamarca; así como Fortucal y Comarsa, en Trujillo, todas pertenecientes a la familia Sánchez Paredes.
Según el informe policial 13-06-07-DICIQ-Dirandro-PNP, los insumos incautados son materia prima “para la elaboración de pasta básica y heroína, presumiéndose que el IQPF decomisado tenían como destino final el narcotráfico”.
Sin embargo, el semanario hace hincapié que Castillo no sería el fiscal más adecuado para un caso complejo como este, y recuerda su sospechosa insistencia para remover a todo el equipo policial que investigaba a los hermanos Sánchez Paredes por desvío de insumos químicos, como consta en los reiterados oficios cursados en ese sentido a la Dirección Antidrogas (Dirandro).
Asimismo, la misma revista denunció meses atrás que el magistrado devolvió a los abogados de los acusados pruebas claves de la investigación como los libros de registro de la compañía Comarsa que demuestran faltantes y sobrantes importantes de óxido de calcio y otros insumos utilizados tanto en la extracción del oro como en la elaboración de pasta básica de cocaína. Dichos documentos devueltos eran considerados “pruebas claves” en un eventual juicio.
Según el ahora fiscal Ad-Hoc, existe “incompatibilidad de caracteres” con el jefe de dicho grupo policial, el comandante Wenceslao Núñez, pero asegura que llevará la investigación hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, existe un hecho ocurrido el 7 de octubre del 2004 que abona en su favor.
Pero el fiscal Castillo también tiene un punto a favor y es su decidida actuación en la investigación de la denuncia interpuesta por la empresa Sulliden contra minera Las Algamarcas, vinculada a los Sánchez Paredes por interferir en el proceso de explotación del yacimiento de oro y plata del Proyecto Shahuindo, en Trujillo, cuyas acciones habían sido adquiridas por dicha empresa un mes antes.
Castillo recibió presiones muy fuertes para fallar a favor de Las Algamarcas pero, lejos de amedrentarse, denunció la existencia de una red judicial mafiosa que buscaba beneficiar a los Sánchez Paredes, según consta en el oficio Nº 917-2004 del Ministerio Público Castillo en el que solicitó además la intervención de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).
Los hermanos Sánchez Paredes, una de las familias más ricas del norte del país con minas y empresas en Trujillo, Cajamarca y Lima, aparecieron en noviembre de este año en la lista de capos peruanos de la droga. Manuel, Orlando, Wilmer y Amanda Sánchez Paredes figuran en numerosos y antiguos atestados de la Dinandro, pero no registran sentencias por narcotráfico o lavado de dinero.
Fuente: Noticia Local - Agencias - Inforegión
