Por Oswaldo Carpio Villegas
En todo el país el diezmo es parte del "negocio de la política". Es una forma nefasta por la cual los políticos-delincuentes consideran que al llegar al gobierno tienen "derecho" a recibir el 10 por ciento -algunos más- de todas las inversiones, servicios e, incluso, en algunos casos, de los sueldos que ganan sus gerentes y asesores. En el Congreso de la República algunos malos congresistas exigen a sus asesores que les entreguen una suma superior al 10 por ciento de sus remuneraciones.
La cultura política peruana está infectada por el diezmo, considerado algo normal en el quehacer político. ¿Cómo se ha llegado a esta situación por la cual el Estado peruano y, por ende, los ciudadanos sufren el robo de sus impuestos?
Un arquitecto que diseñó un sistema de transporte novedoso para el país en los años 80, me contaba que su proyecto interesó en el más alto nivel del gobierno nacional de entonces. Recibió una llamada telefónica por la cual fue invitado a almorzar para conversar sobre su propuesta, reunión en la que estarían él, el asesor presidencial y el presidente. Terminado el almuerzo, el gobernante afirmó que el proyecto estaba aprobado. Antes de retirarse, invitó a su asesor y al arquitecto a que intercambiaran tarjetas a fin de que volvieran a reunirse. Pocos días después, el arquitecto recibió la llamada del asesor presidencial. Almorzaron y la pregunta fue directa: - Arquitecto, muy bien, dígame, ¿Cómo es, cuál es la comisión? La respuesta del proyectista fue tajante: él vendía su propuesta al Estado y "no había comisión alguna". El asesor replicó: - Así no se hace política, tenían que ponerse de acuerdo en la "comisión". Ante el rechazo, el asesor presidencial dio por terminada la reunión reafirmando que así no era la política. El proyecto de transporte se hizo con otra empresa. Tiempo después la empresa con la que se llegó a un acuerdo fue acusada de corrupción y su representante "investigado". Todo quedó en un escándalo mediático más del cual salieron bien librados el asesor y el gobernante. El tiempo, la prescripción y el control del Poder Judicial hicieron su labor.
Según informa el MEF en los últimos 45 meses la inversión pública del Estado peruano fue de S/. 106,917 millones. Estamos hablando de un diez por ciento equivalente a más de 10 mil millones de soles. La inversión se ejecuta a través del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y Locales. Sabemos que hay ex ministros y vice-ministros que hoy están en nuevos partidos porque el objetivo es llegar al Tesoro Público, que ocuparon carteras estratégicas en gobiernos anteriores, ingresaron quebrados o sin recursos y hoy poseen restaurantes, negocios y propiedades que no tenían antes de ocupar esos cargos. Igual entre gobernantes regionales y locales. En la estrategia de la corrupción el siguiente paso es llegar al Congreso para usar la inmunidad parlamentaria como impunidad y victimizarse como perseguidos políticos cuando se les acusa, ingresar a un grupo parlamentario y saltar a otro según las circunstancias. Incluso con enorme cinismo hablan contra la corrupción en el Congreso y en las campañas electorales. Se ha creado un cartel de corruptos en el Congreso que la gente ha bautizado con la frase "otorongo no come otorongo".
¿Cómo es posible todo esto? Porque el Estado, la Contraloría, el Congreso y demás entidades como el Poder Judicial y el Ministerio Público no cumplen su función. El Poder Judicial, desaprobado por más del 80% de los peruanos, está penetrado y es prisionero de los corruptos que tienen estrategias como retardar los procesos a fin que lograr la prescripción con lo cual salen libres y sin sentencia. Otra forma, es que el atestado policial favorezca al corrupto o que se redacte en forma contradictoria lo que facilita que la fiscalía archive el caso o que el fiscal redacte la acusación de tal forma que el juez no pueda acusar y "devuelva" el expediente.
El crimen organizado y los corruptos han penetrado el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la PNP, las notarías, los Registros Públicos, el Congreso de la República, el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales, la prensa regional y local, etc.
En todo el país hay temas pendientes como las cartas-fianza falsas, laudos arbitrales hechizos, coimas pagadas a autoridades corruptas para que cierren casos de escándalo: obras abandonadas o mal construidas o simplemente dejadas en el olvido mientras la prescripción avanza y los ciudadanos carecen de servicios básicos como el agua. ¿Cuántos procesos se han abierto? ¿Cuántos han prescrito? ¿Cuántas autoridades procesadas están en prisión? ¿Cuántos funcionarios? ¿Cuántas obras están abandonadas? ¿Por qué son pocos los que cumplen las normas? ¿Por qué la sociedad es cada vez más violenta? ¿No hay una relación entre la impunidad de las autoridades y la acción de la delincuencia?
El mayor costo para el Perú e Ica es moral, porque al haberse instalado la cultura de la impunidad e institucionalizado la coima del 10 por ciento o "diezmo" y la falta de respeto a las normas, se ha arrastrado a todos a un grave deterioro de la vida social. Los delincuentes comunes se han vuelto más violentos porque en su forma de ver la sociedad, consideran que si los políticos roban impunemente, ¿por qué ellos no lo pueden hacer? El mal ejemplo se propaga de arriba hacia abajo.
La cultura de la corrupción ha ingresado a la médula de la sociedad y Estado. Está destruyendo al país. ¿No es nuestro deber luchar porque las nuevas generaciones tengan un futuro de vida decente que garantice a las familias libertad, seguridad, derecho a la vida, educación, propiedad, progreso, justicia y dignidad?
Según informa el MEF en los últimos 45 meses la inversión pública del Estado peruano fue de S/. 106,917 millones. Estamos hablando de un diez por ciento equivalente a más de 10 mil millones de soles. La inversión se ejecuta a través del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y Locales. Sabemos que hay ex ministros y vice-ministros que hoy están en nuevos partidos porque el objetivo es llegar al Tesoro Público, que ocuparon carteras estratégicas en gobiernos anteriores, ingresaron quebrados o sin recursos y hoy poseen restaurantes, negocios y propiedades que no tenían antes de ocupar esos cargos. Igual entre gobernantes regionales y locales. En la estrategia de la corrupción el siguiente paso es llegar al Congreso para usar la inmunidad parlamentaria como impunidad y victimizarse como perseguidos políticos cuando se les acusa, ingresar a un grupo parlamentario y saltar a otro según las circunstancias. Incluso con enorme cinismo hablan contra la corrupción en el Congreso y en las campañas electorales. Se ha creado un cartel de corruptos en el Congreso que la gente ha bautizado con la frase "otorongo no come otorongo".
¿Cómo es posible todo esto? Porque el Estado, la Contraloría, el Congreso y demás entidades como el Poder Judicial y el Ministerio Público no cumplen su función. El Poder Judicial, desaprobado por más del 80% de los peruanos, está penetrado y es prisionero de los corruptos que tienen estrategias como retardar los procesos a fin que lograr la prescripción con lo cual salen libres y sin sentencia. Otra forma, es que el atestado policial favorezca al corrupto o que se redacte en forma contradictoria lo que facilita que la fiscalía archive el caso o que el fiscal redacte la acusación de tal forma que el juez no pueda acusar y "devuelva" el expediente.
El crimen organizado y los corruptos han penetrado el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la PNP, las notarías, los Registros Públicos, el Congreso de la República, el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales, la prensa regional y local, etc. Las organizaciones criminales han traficado oro, cocaína, lavado activos, asesinado, se han apropiado de bienes públicos y privados, han difamado, interceptados teléfonos, fabricado laudos arbitrales, documentos, firmas; consiguieron atestados policiales favorables, se afiliaron a partidos políticos y fueron candidatos a cargos públicos estratégicos. Existen planillas secretas de dinero del crimen que ha pagado a ex magistrados dedicados a reclutar a autoridades judiciales y fiscales en actividad. Los operadores de mafias de los años 90 se reciclaron y sirvieron a las nuevas. Pero, pareciera, que no pasa nada.
Nos encontramos frente a temas pendientes como las cartas-fianza falsas, laudos arbitrales hechizos, coimas pagadas a autoridades corruptas para que cierren casos de escándalo: obras abandonadas o mal construidas o simplemente dejadas en el olvido mientras la prescripción avanza y los ciudadanos carecen de servicios básicos como el agua, carreteras, hospitales, postas médicas, escuelas, etc. ¿Cuántos procesos se han abierto? ¿Cuántos han prescrito? ¿Cuántas autoridades procesadas están en prisión? ¿Cuántos funcionarios? ¿Cuántas obras están abandonadas?
¿Por qué la sociedad es cada vez más violenta? ¿Por qué son pocos los ciudadanos los que cumplen las normas? ¿No hay una relación entre la impunidad de las autoridades y la acción de la delincuencia?
El mayor costo para el Perú es moral, porque al haberse instalado la cultura de la impunidad e institucionalizado la coima del 10 por ciento o "diezmo" y la falta de respeto a las normas, se ha arrastrado a todos a un grave deterioro de la vida social. Esta impunidad en Ancash que comenzó con la disputa por el "diezmo" ya estaba instalada en Tumbes, Cajamarca y en otras regiones y provincias como Chiclayo en las que se ha saqueado el dinero público. Todo ello es ocultado por una prensa regional y local corrupta y cooptada, porque si se pusiera todo esto al descubierto se podría originar una enorme explosión social. Hay autoridades que están libres cuando en sus gobiernos el sistema de corrupción ha sido similar al de Ancash sólo que sin los asesinatos que fueron el detonante que los condujo a ser descubiertos. Mientras no se escaló en el asesinato todo en Ancash iba "normal": los policías corruptos cobraban su coima, los fiscales no acusaban y los jueces daban libertad, mientras los sicarios cometían sus crímenes y daban muerte a los testigos.
Los delincuentes comunes se han vuelto más violentos porque en su forma de ver la sociedad, consideran que si los políticos roban impunemente, ¿por qué ellos no lo pueden hacer? El mal ejemplo se propaga de arriba hacia abajo.
La cultura de la corrupción ha ingresado a la médula de la sociedad y Estado. No es sólo una organización criminal. Son varias. Algunas en el poder se atacaron, se interceptaron los teléfonos, se amenazaron de muerte y hubo asesinados. Todo eso está en el olvido porque hay una estrategia destinada a ello, estrategia que está destruyendo al país.
¿No es nuestro deber luchar porque las nuevas generaciones tengan un futuro de vida decente que garantice a las familias libertad, seguridad, derecho a la vida, educación, propiedad, progreso, justicia y dignidad? ¿No tenemos derecho los peruanos decentes a sentir que nuestro país es respetado en el mundo y que los peruanos trabajadores tienen éxito y sus hijos tienen futuro? ¿Es normal que los extorsionadores asesinen a los dueños de colegios y a los guardianes de estos colegios? Es muy claro: el mal ejemplo se replica por la delincuencia con una violencia cada vez mayor. Estamos todos advertidos. Conocer el origen, la causa, la génesis de todo esto es clave. Abandonar el idiotismo moral es fundamental porque se trata de salvar el país que ha crecido económicamente pero ha retrocedido moral e institucionalmente.
La cultura política peruana está infectada por el diezmo, considerado algo normal en el quehacer político. ¿Cómo se ha llegado a esta situación por la cual el Estado peruano y, por ende, los ciudadanos sufren el robo de sus impuestos?
Un arquitecto que diseñó un sistema de transporte novedoso para el país en los años 80, me contaba que su proyecto interesó en el más alto nivel del gobierno nacional de entonces. Recibió una llamada telefónica por la cual fue invitado a almorzar para conversar sobre su propuesta, reunión en la que estarían él, el asesor presidencial y el presidente. Terminado el almuerzo, el gobernante afirmó que el proyecto estaba aprobado. Antes de retirarse, invitó a su asesor y al arquitecto a que intercambiaran tarjetas a fin de que volvieran a reunirse. Pocos días después, el arquitecto recibió la llamada del asesor presidencial. Almorzaron y la pregunta fue directa: - Arquitecto, muy bien, dígame, ¿Cómo es, cuál es la comisión? La respuesta del proyectista fue tajante: él vendía su propuesta al Estado y "no había comisión alguna". El asesor replicó: - Así no se hace política, tenían que ponerse de acuerdo en la "comisión". Ante el rechazo, el asesor presidencial dio por terminada la reunión reafirmando que así no era la política. El proyecto de transporte se hizo con otra empresa. Tiempo después la empresa con la que se llegó a un acuerdo fue acusada de corrupción y su representante "investigado". Todo quedó en un escándalo mediático más del cual salieron bien librados el asesor y el gobernante. El tiempo, la prescripción y el control del Poder Judicial hicieron su labor.
Según informa el MEF en los últimos 45 meses la inversión pública del Estado peruano fue de S/. 106,917 millones. Estamos hablando de un diez por ciento equivalente a más de 10 mil millones de soles. La inversión se ejecuta a través del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y Locales. Sabemos que hay ex ministros y vice-ministros que hoy están en nuevos partidos porque el objetivo es llegar al Tesoro Público, que ocuparon carteras estratégicas en gobiernos anteriores, ingresaron quebrados o sin recursos y hoy poseen restaurantes, negocios y propiedades que no tenían antes de ocupar esos cargos. Igual entre gobernantes regionales y locales. En la estrategia de la corrupción el siguiente paso es llegar al Congreso para usar la inmunidad parlamentaria como impunidad y victimizarse como perseguidos políticos cuando se les acusa, ingresar a un grupo parlamentario y saltar a otro según las circunstancias. Incluso con enorme cinismo hablan contra la corrupción en el Congreso y en las campañas electorales. Se ha creado un cartel de corruptos en el Congreso que la gente ha bautizado con la frase "otorongo no come otorongo".
¿Cómo es posible todo esto? Porque el Estado, la Contraloría, el Congreso y demás entidades como el Poder Judicial y el Ministerio Público no cumplen su función. El Poder Judicial, desaprobado por más del 80% de los peruanos, está penetrado y es prisionero de los corruptos que tienen estrategias como retardar los procesos a fin que lograr la prescripción con lo cual salen libres y sin sentencia. Otra forma, es que el atestado policial favorezca al corrupto o que se redacte en forma contradictoria lo que facilita que la fiscalía archive el caso o que el fiscal redacte la acusación de tal forma que el juez no pueda acusar y "devuelva" el expediente.
El crimen organizado y los corruptos han penetrado el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la PNP, las notarías, los Registros Públicos, el Congreso de la República, el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales, la prensa regional y local, etc.
En todo el país hay temas pendientes como las cartas-fianza falsas, laudos arbitrales hechizos, coimas pagadas a autoridades corruptas para que cierren casos de escándalo: obras abandonadas o mal construidas o simplemente dejadas en el olvido mientras la prescripción avanza y los ciudadanos carecen de servicios básicos como el agua. ¿Cuántos procesos se han abierto? ¿Cuántos han prescrito? ¿Cuántas autoridades procesadas están en prisión? ¿Cuántos funcionarios? ¿Cuántas obras están abandonadas? ¿Por qué son pocos los que cumplen las normas? ¿Por qué la sociedad es cada vez más violenta? ¿No hay una relación entre la impunidad de las autoridades y la acción de la delincuencia?
El mayor costo para el Perú e Ica es moral, porque al haberse instalado la cultura de la impunidad e institucionalizado la coima del 10 por ciento o "diezmo" y la falta de respeto a las normas, se ha arrastrado a todos a un grave deterioro de la vida social. Los delincuentes comunes se han vuelto más violentos porque en su forma de ver la sociedad, consideran que si los políticos roban impunemente, ¿por qué ellos no lo pueden hacer? El mal ejemplo se propaga de arriba hacia abajo.
La cultura de la corrupción ha ingresado a la médula de la sociedad y Estado. Está destruyendo al país. ¿No es nuestro deber luchar porque las nuevas generaciones tengan un futuro de vida decente que garantice a las familias libertad, seguridad, derecho a la vida, educación, propiedad, progreso, justicia y dignidad?
Según informa el MEF en los últimos 45 meses la inversión pública del Estado peruano fue de S/. 106,917 millones. Estamos hablando de un diez por ciento equivalente a más de 10 mil millones de soles. La inversión se ejecuta a través del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y Locales. Sabemos que hay ex ministros y vice-ministros que hoy están en nuevos partidos porque el objetivo es llegar al Tesoro Público, que ocuparon carteras estratégicas en gobiernos anteriores, ingresaron quebrados o sin recursos y hoy poseen restaurantes, negocios y propiedades que no tenían antes de ocupar esos cargos. Igual entre gobernantes regionales y locales. En la estrategia de la corrupción el siguiente paso es llegar al Congreso para usar la inmunidad parlamentaria como impunidad y victimizarse como perseguidos políticos cuando se les acusa, ingresar a un grupo parlamentario y saltar a otro según las circunstancias. Incluso con enorme cinismo hablan contra la corrupción en el Congreso y en las campañas electorales. Se ha creado un cartel de corruptos en el Congreso que la gente ha bautizado con la frase "otorongo no come otorongo".
¿Cómo es posible todo esto? Porque el Estado, la Contraloría, el Congreso y demás entidades como el Poder Judicial y el Ministerio Público no cumplen su función. El Poder Judicial, desaprobado por más del 80% de los peruanos, está penetrado y es prisionero de los corruptos que tienen estrategias como retardar los procesos a fin que lograr la prescripción con lo cual salen libres y sin sentencia. Otra forma, es que el atestado policial favorezca al corrupto o que se redacte en forma contradictoria lo que facilita que la fiscalía archive el caso o que el fiscal redacte la acusación de tal forma que el juez no pueda acusar y "devuelva" el expediente.
El crimen organizado y los corruptos han penetrado el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, la PNP, las notarías, los Registros Públicos, el Congreso de la República, el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Locales, la prensa regional y local, etc. Las organizaciones criminales han traficado oro, cocaína, lavado activos, asesinado, se han apropiado de bienes públicos y privados, han difamado, interceptados teléfonos, fabricado laudos arbitrales, documentos, firmas; consiguieron atestados policiales favorables, se afiliaron a partidos políticos y fueron candidatos a cargos públicos estratégicos. Existen planillas secretas de dinero del crimen que ha pagado a ex magistrados dedicados a reclutar a autoridades judiciales y fiscales en actividad. Los operadores de mafias de los años 90 se reciclaron y sirvieron a las nuevas. Pero, pareciera, que no pasa nada.
Nos encontramos frente a temas pendientes como las cartas-fianza falsas, laudos arbitrales hechizos, coimas pagadas a autoridades corruptas para que cierren casos de escándalo: obras abandonadas o mal construidas o simplemente dejadas en el olvido mientras la prescripción avanza y los ciudadanos carecen de servicios básicos como el agua, carreteras, hospitales, postas médicas, escuelas, etc. ¿Cuántos procesos se han abierto? ¿Cuántos han prescrito? ¿Cuántas autoridades procesadas están en prisión? ¿Cuántos funcionarios? ¿Cuántas obras están abandonadas?
¿Por qué la sociedad es cada vez más violenta? ¿Por qué son pocos los ciudadanos los que cumplen las normas? ¿No hay una relación entre la impunidad de las autoridades y la acción de la delincuencia?
El mayor costo para el Perú es moral, porque al haberse instalado la cultura de la impunidad e institucionalizado la coima del 10 por ciento o "diezmo" y la falta de respeto a las normas, se ha arrastrado a todos a un grave deterioro de la vida social. Esta impunidad en Ancash que comenzó con la disputa por el "diezmo" ya estaba instalada en Tumbes, Cajamarca y en otras regiones y provincias como Chiclayo en las que se ha saqueado el dinero público. Todo ello es ocultado por una prensa regional y local corrupta y cooptada, porque si se pusiera todo esto al descubierto se podría originar una enorme explosión social. Hay autoridades que están libres cuando en sus gobiernos el sistema de corrupción ha sido similar al de Ancash sólo que sin los asesinatos que fueron el detonante que los condujo a ser descubiertos. Mientras no se escaló en el asesinato todo en Ancash iba "normal": los policías corruptos cobraban su coima, los fiscales no acusaban y los jueces daban libertad, mientras los sicarios cometían sus crímenes y daban muerte a los testigos.
Los delincuentes comunes se han vuelto más violentos porque en su forma de ver la sociedad, consideran que si los políticos roban impunemente, ¿por qué ellos no lo pueden hacer? El mal ejemplo se propaga de arriba hacia abajo.
La cultura de la corrupción ha ingresado a la médula de la sociedad y Estado. No es sólo una organización criminal. Son varias. Algunas en el poder se atacaron, se interceptaron los teléfonos, se amenazaron de muerte y hubo asesinados. Todo eso está en el olvido porque hay una estrategia destinada a ello, estrategia que está destruyendo al país.
¿No es nuestro deber luchar porque las nuevas generaciones tengan un futuro de vida decente que garantice a las familias libertad, seguridad, derecho a la vida, educación, propiedad, progreso, justicia y dignidad? ¿No tenemos derecho los peruanos decentes a sentir que nuestro país es respetado en el mundo y que los peruanos trabajadores tienen éxito y sus hijos tienen futuro? ¿Es normal que los extorsionadores asesinen a los dueños de colegios y a los guardianes de estos colegios? Es muy claro: el mal ejemplo se replica por la delincuencia con una violencia cada vez mayor. Estamos todos advertidos. Conocer el origen, la causa, la génesis de todo esto es clave. Abandonar el idiotismo moral es fundamental porque se trata de salvar el país que ha crecido económicamente pero ha retrocedido moral e institucionalmente.
Nota del Editor: Las opiniones vertidas en éste artículo son de exclusiva responsabilidad del autor.
