18 jul. 2008

Defensoría del Pueblo considera injusto para víctimas que se permita conciliación con agresores

Lima, 18 / 07 / 2008

La Defensoría del Pueblo recomendó al Poder Ejecutivo observar algunos extremos de la autógrafa de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar -aprobada por la Comisión Permanente del Congreso- al considerar que es injusto para las víctimas que se permita la conciliación con sus agresores, así como por no incorporar este delito como autónomo en la legislación penal.
La adjunta para los derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eugenia Fernán-Zegarra, expresó su especial preocupación con este nuevo dispositivo porque la autógrafa permite el uso de la conciliación en la sede policial y que la víctima tenga que solicitar la variación de la medida de su protección, en lugar de que ésta sea dispuesta de oficio por el juez.
Sostuvo que, al existir la posibilidad de una conciliación, se coloca en situación de desventaja a la víctima respecto a su agresor y esa situación no permite un acuerdo conciliatorio justo. Por ello, afirmó, la vulneración de los derechos fundamentales que se producen en este contexto merece un pronunciamiento estatal.
Según la especialista, si una resolución judicial establece como medida de protección el tratamiento del agresor y éste no cumple el mandato judicial, el juez puede variar dicha medida por una más rigurosa sólo de oficio y sin necesidad de solicitud de la víctima.
De otro lado, Fernán-Zegarra lamentó también que la norma aprobada por el Legislativo no haya incorporado la violencia familiar como delictivo autónomo y, por el contrario, dispone sancionarla mediante las figuras penales tradicionales como lesiones y faltas contra la persona.
Reiteró la recomendación defensorial de incorporar en la legislación penal la violencia familiar como un delito autónomo y, además, que no se exija ni la cuantificación del daño ni la habitualidad del acto violento para considerarlo como delito.
Recordó que estas recomendaciones se hicieron llegar en su momento al Congreso de la República, mediante los Informes Defensoriales N° 95 denominado ‘La protección penal frente a la violencia familiar en el Perú’, y N° 110 titulado: ‘Violencia Familiar: un análisis desde el derecho penal’.
De esta manera –dijo la adjunta de la Defensoría del Pueblo– se contribuirá eficazmente a garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales de las personas víctimas de violencia familiar, que en su mayoría son mujeres.
El Texto Único Ordenado de Ley de Protección frente a la Violencia Familiar fue aprobado el pasado 2 de julio, con el propósito de que el Estado cumpla con garantizar el derecho de toda persona a una vida libre de violencia. El Ejecutivo tiene un plazo de quince días hábiles para promulgar u observar la norma.

Fuente: Noticia Local - Agencias

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