Las sanciones impuestas por los municipios distritales,ya sea a través del uso de grúas o sepos,son considerados ilegales e inválidas.Los expertos señalan que estas acciones exceden sus competencias,ya que elReglamento Nacional de Tránsitoes el único que establece las infracciones y multas correspondientes.De esta manera,las papeletas y cobros exigidos por estas municipalidades carecen de sustento legal,y los ciudadanos que han sido víctimas de estas prácticas tienen el derecho de solicitar la nulidad de los actos administrativos sancionadores e incluso la devolución de los cobros indebidos.
Los funcionarios públicos que persisten en estas prácticas ilegales podrían enfrentar consecuencias legales graves.Según la abogada Viviana Arévalo,los responsables podrían incurrir en responsabilidades administrativas,civiles y hasta penales.Las víctimas tienen el derecho de solicitar la anulación de las multas,la indemnización por los daños causados,e incluso denunciar a los funcionarios porabuso de autoridad,especialmente si se demuestra que actuaron a sabiendas de que sus acciones eran inconstitucionales.
Fuente: La República
