21 jul 2021

DEFENSORÍA DEL PUEBLO: DEBE GARANTIZARSE INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD Y CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN RETORNO A SISTEMA PRESENCIAL

Colegios deben ser accesibles, contar con docentes capacitados, intérpretes de lengua de señas calificados, entre otras medidas.

Ante el anuncio del Ministerio de Educación (Minedu) sobre el retorno a clases de forma semipresencial, la Defensoría del Pueblo en su rol de Mecanismo Independiente encargado de promover, proteger y supervisar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (MICDPD) reitera la importancia de priorizar la eliminación de las barreras educativas que enfrentan las y los estudiantes con discapacidad y con necesidades educativas especiales, cuya situación se agravó con la pandemia por el COVID-19.

Al respecto, Malena Pineda, jefa del Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad indicó que, de acuerdo a la programación del Ministerio de Salud (Minsa), los días 24 y 25 de julio se aplicarán la primera dosis de la vacuna a personas de 12 a 17 años, incluyendo a las personas con discapacidad con comorbilidades priorizadas en edad escolar, lo cual favorecerá el proceso de tránsito a la educación semipresencial y presencial de forma gradual.

En esa línea, manifestó que, si bien es importante que las y los estudiantes reciban la educación en sus escuelas, igual de relevante es priorizar la atención de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad por condición de discapacidad, toda vez que este grupo de estudiantes ha sido uno de los más perjudicados debido a las múltiples barreras que se han advertido en la educación no presencial, tales como la falta de conectividad, la ausencia de adaptaciones necesarias para cubrir sus diversas necesidades educativas, entre otras.

Considerando estas condiciones, la Defensoría del Pueblo solicita al Minedu asegurar la accesibilidad física de las instituciones educativas, la disponibilidad de docentes capacitados, la adaptación de las plataformas de aprendizaje y la asignación de intérpretes de lengua de señas calificados que permitan garantizar una educación de calidad.

De acuerdo al Censo 2017, existen 756 499 personas con discapacidad en edad escolar (0-29 años), no obstante, la cantidad de estudiantes con discapacidad registrados en el 2020 de acuerdo al Minedu fue de 83 221 en alguna modalidad de educación básica y técnico productiva, con lo cual la brecha de personas con discapacidad que no accede a la educación equivale al 88,9 % de esta población.

En el 2020, la Defensoría del Pueblo emitió el Informe “El Derecho a la Educación Inclusiva en el Contexto de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19” para determinar los alcances y limitaciones en el servicio educativo no presencial para estudiantes con discapacidad y con otras necesidades educativas especiales en la Educación Básica. 

El documento señala que el presupuesto que se destina para la atención de los estudiantes con discapacidad equivale a apenas el 4,1 % del Programa Presupuestal 106 “Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva". Esta desproporción constituye una vulneración al derecho a la educación y revela que la educación inclusiva no es aún un asunto de interés público. Por ello, el MICDPD reitera la recomendación dirigida al Minedu y al Ministerio de Economía y Finanzas, en el sentido de aprobar un Programa Presupuestal para la Atención a la diversidad de niñas, niños y jóvenes en la Educación Básica Regular.

9 feb 2021

Se inicia la vacunación en Perú a personal de primera linea

 


Los primeros vacunados en el Perú contra el covid-19: El jefe del servicio de Emergencia, Dr. Adrián Rodríguez, el médico intensivista Dr. Mario Candiotti y la Lic. Martina Obando fueron los tres primeros trabajadores de primera línea en el Hospital Loayza.





5 feb 2021

Presidente Sagasti: primer lote de 300 mil vacunas llega el domingo

El Presidente de la República, Francisco Sagasti, confirmó la llegada de un primer lote de 300,000 vacunas procedentes de China este domingo 7 de febrero. 

“Se logró que hoy sea embarcado un primer lote de 300,000 dosis que llegará el domingo en la noche a Lima. El resto está programado para salir de China el día 13. Nuestro gobierno siempre dice la verdad y las cosas como son, por eso podemos anunciar en este momento la salida del primer embarque”, expresó.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el Jefe del Estado dijo que este órgano se encuentra listo para asegurar que la cadena logística de la vacuna opere eficientemente en el traslado de la misma a todo nuestro territorio.

Además, el Presidente señaló que su gobierno sigue avanzando en los acuerdos y negociaciones con otros proveedores a fin de garantizar que la vacuna esté disponible para todos los peruanos con la mayor brevedad.

Reiteró que la vacuna contra el covid-19 es el mejor escudo frente a la pandemia, pero, remarcó, requiere del compromiso y del esfuerzo adicional de todos los peruanos para cumplir estrictamente los protocolos y respetar las restricciones de movilidad, como parte de las medidas sanitarias.

“Trabajamos incansablemente para alcanzar el objetivo que se ha propuesto nuestro gobierno en la lucha contra la pandemia, que es cuidar de la salud de todos los peruanos”, aseveró.

“Hoy es un día especial, al empezar nuestro gobierno hablamos de confianza y de esperanza. Tengan la confianza de que les decimos las cosas como son, que les decimos la verdad, y se las comunicamos de manera transparente y en el momento en que podemos confirmarlas”, afirmó. 

Sagasti Hochhausler expresó que este es un primer paso firme en el proceso de vacunación, que nos devuelve la esperanza a todos los peruanos. "Tomará tiempo completar esto, pero tengan la confianza, la seguridad y la esperanza de que lo lograremos”.

“Sigamos trabajando unidos, poniendo, todos, el hombro por el Perú, que ya está llegando la vacuna”, apuntó.

TC anula sentencia que absolvía a implicados en el caso Petroaudios

El Tribunal Constitucional anuló la sentencia de la Corte Suprema que absolvía a Rómulo León Alegría, Alberto Químper, Rafael Fortunato Canaán, entre otros, por los delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo propio en el caso Petroaudios. 

La Procuraduría Anticorrupción, mediante sus redes sociales, informó que el TC declaró fundada la demanda que interpuso contra el fallo de mayo del 2017 en que se ratificó la absolución de los implicados.

En esa línea, declaró nula la resolución y ordenó que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que confirmó el fallo absolutorio emita un nuevo pronunciamiento.

El caso fue archivado definitivamente por el Poder Judicial, tras nueve años de proceso, decisión ante la cual la Procuraduría Anticorrupción nunca estuvo de acuerdo.

La procuraduría, en ejercicio de su función de defensa de los intereses del Estado, solicitó al TC declarar la nulidad de la sentencia que absolvió a los acusados de hechos de corrupción en el proceso de adjudicación de cuatro lotes petroleros a la empresa Discover Petroleum International S.A. 

La Procuraduría Anticorrupción saludó la decisión del TC, ya que esta constituye una resolución paradigmática en la lucha contra la corrupción.

De igual forma, instó a la Corte Suprema de Justicia de la República a emitir un nuevo pronunciamiento de acuerdo con los fundamentos de la sentencia del TC, valorando criterios de objetividad e imparcialidad y el cuantioso material que prueba la responsabilidad penal de los procesados.

Fuente: Andina

ORGANIZACIÓN INDÍGENA PIDE A LA CIDH QUE EL ESTADO PROTEJA A LOS PUEBLOS EN AISLAMIENTO

La pandemia del COVID-19 ha afectado a las comunidades indígenas de la Amazonía, dejando cifras alarmantes de muertos y contagiados. Dentro de esa vulnerabilidad en los territorios amazónicos, también se encuentran los pueblos en aislamiento (PIACI). 

Por esta razón, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), ha solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exhorte al Estado peruano a adoptar medidas inmediatas de protección territorial en áreas estratégicas de acceso a las reservas indígenas donde se encuentran los pueblos en aislamiento, así como cordones sanitarios para prevenir la expansión de enfermedades. 

El pedido de Orpio ha sido respaldado por sus 13 federaciones base y se efectúo mediante la presentación de una petición y solicitud a la CIDH. Además, cuenta con el apoyo del Human Rights and Education Centre de Canadá y el Instituto de Defensa Legal (IDL).

En una conferencia de prensa realizada el martes 2 de febrero, el presidente Orpio, Jorge Pérez Rubio, señaló que se decidió recurrir a la CIDH debido a la inacción del Estado.

“Realmente la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial es muy grave y el Estado se ha desatendido de manera sistemática para protegerlos,” detalló para Servindi. 

Piden protección 

Hasta la fecha no se ha establecido ni una sola de las seis reservas indígenas solicitadas, pedido que han hecho las organizaciones indígenas desde 1993. Sin embargo, el Estado ha otorgado derechos de explotación de madera e hidrocarburos en las mismas áreas que han sido solicitadas como reservas para los pueblos en aislamiento. 

Diversas concesiones madereras han sido otorgadas a través de procesos que duraron entre 3 a 4 meses, en el caso de la creación de reservas indígenas estás tomando entre 17 y 27 años, pese a los pedido de las organizaciones y los ofrecimientos del Ministerio de Cultura, ente responsable de la protección de los pueblos. 

 Pese a ello no se ha cumplido con los plazos para el establecimiento de las reservas y no se han implementado medidas para protegerlos. 

 “La Ley para la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial (año 2006) es un avance, pero no se cumple. La sentencia emitida por el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima ordenó el el cumplimiento de los plazos para el establecimiento de las reservas. Y ordenó la nulidad de todo tipo de concesiones que se superponen a estas reservas. Lo irónico es que esta sentencia fue apelada por el Ministerio de Cultura”, señaló Maritza Quispe, abogada IDL para su organización. 

Las reservas indígenas que se busca proteger son Kakataibo, Yavarí Tapiche, Yavarí Mirim, Sierra del Divisor Occidental, Napo Tigre y Atacuari, ubicadas en zonas de frontera en la Amazonía.

Fuente: Red de Vigilancia Amazónica para los Conflictos Sociambientales

PRESIDENTE SAGASTI INAUGURA CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA DE CÁNCER DEL INEN

El presidente de la República, Francisco Sagasti inauguró hoy el Centro de Atención Ambulatoria de Cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN, que busca ampliar y mejorar la capacidad y calidad de atención, diagnóstico y tratamiento ambulatorio de cáncer en el Perú.

“El esfuerzo que viene haciendo el Ministerio de Salud para proporcionar a nuestra población con más y mejores centros de prevención, detección y tratamiento del cáncer, con tecnología de primer nivel, merece un especial reconocimiento”, resaltó.

En el Centro de Atención Ambulatoria de Cáncer del INEN, ubicado en Surquillo, se realizarán 400 mil atenciones oncológicas en el primer año, beneficiando a más de 60 mil pacientes provenientes de Lima y provincias.

Esta obra emblemática, que se inaugura en el marco del Bicentenario de nuestra independencia, cuenta con la más avanzada tecnología y está a cargo de los mejores especialistas en la oncología del país, al servicio de la población más necesitada.

El jefe de Estado comentó que la culminación y puesta en marcha de este centro, es una muestra del avance de nuestro país en materia de atención ambulatoria, que permitirá acercarse de manera oportuna a miles de pacientes.

“Por eso, quiero felicitar a todos los que han hecho posible esta gran obra, que se ha hecho a lo largo de varios años y que ahora podemos inaugurar con muchísima satisfacción”, agregó.

En la actividad, el presidente Sagasti estuvo acompañado por la ministra de Salud, Pilar Mazzetti; y el jefe del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN, Eduardo Payet.

Fuente: Secretaría de Prensa Palacio de Gobierno

3 feb 2021

[VIDEO] Municipalidad de San Bartolo desinfecta calles de su distrito

 


Fuente: Municipalidad de San Bartolo

[VIDEO] En Ancón intervienen vivienda que celebraban fiesta en pleno toque de queda

 



Fuente: Municipalidad de Ancón

Hoy: 1´158 337 Casos confirmados por coronavirus COVID-19 en Perú


El Ministerio de Salud emitió hoy 3 el último boletín informativo sobre el avance del COVID-19, en el Perú. 

1. Hasta las 22:00 horas del día 2 de febrero de 2021 se han procesado muestras para 6 440 564 personas por la COVID-19, obteniéndose, 1 158 337 casos confirmados y 5 282 227 negativos. 


Personas muestreadas    6 440 564
Resultados negativos       5 282 227
Casos confirmados           1 158 337

2. El Ministerio de Salud informa que la COVID-19 ha producido el fallecimiento de 41 538 ciudadanos en el país. Durante el 2 de febrero se registraron los resultados de 45 546 personas muestreadas, de los cuales 5 625 fueron casos sintomáticos confirmados de ese día.

3. Se registraron parcialmente, además, los resultados de 8 573 casos confirmados por COVID-19 de los siete días anteriores.

4. A la fecha, se tienen 13 194 pacientes hospitalizados por la COVID-19, de los cuales, 1 961 se encuentran en UCI con ventilación mecánica.

5. Del total de casos confirmados, a la fecha, 1 069 129 personas cumplieron su período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud. 

Recordamos que para evitar la propagación de la COVID-19, se recomienda el distanciamiento físico de al menos un metro y medio de distancia de otra persona, usar mascarilla, lavarse las manos de manera frecuente y usar escudos faciales en el transporte público.

Fuente: MINSA


Mediante acción de amparo piden cancelar mega proyecto Hidrovía Amazónica

Dos organizaciones indígenas -Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau) y la Organización Regional Amazónica de Ucayali (ORAU)- presentaron una demanda ante el Poder Judicial solicitando la cancelación del proyecto Hidrovía Amazónica.

La demanda presentada en el Poder Judicial solicita la cancelación del mega proyecto del consorcio chino Cohidro, debido a que la concesionaria no cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado y hasta la fecha no hay información científica del impacto que tendrá el proyecto en los cuatro ríos que involucra el proyecto (Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas). Por lo que la demanda tiene el respaldo de doce federaciones indígenas de Loreto y Ucayali.

Esta acción judicial es contra la empresa y los organismos del Estado que promueven proyectos de inversión en el país, como la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y contra el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), debido a que el proyecto constituye  una amenaza inminente a la vida de las poblaciones indígenas, ribereñas y de los caseríos.

Tanto FECONAU y ORAU piden que se declare la suspensión del proyecto hasta que se tenga certeza científica de que la obra Hidrovía Amazónica no afectará a los ríos, además de la anulación de la Resolución Directoral 702-2015MTC/16 del 28 de setiembre de 2015 que aprueba los términos de referencia del EIA del proyecto, debido a que no cumplen los estándares internacionales de cumplimiento obligatorio en materia de EIA de proyectos extractivos en territorios de pueblos indígenas.

La medida legal demanda que, al momento de aprobarse nuevamente los términos de referencia del nuevo EIA del proyecto, se cumpla con el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y que el SENACE,  al  momento de aprobar nuevamente los TDR  del nuevo EIA, exija al operador del proyecto, realizar un estudio toxicológico sobre el impacto del proyecto y una caracterización de los potenciales impactos toxicológicos sobre el ecosistema, la salud humana y los medios de vida de la población indígena.

El documento señala que el EIA debe ser elaborado en colaboración con los pueblos indígenas que serán afectados por el proyecto y que debe ser elaborado por consultoras independientes, y no como el caso de Hidrovía, donde la consultora fue contratada por el consorcio a cargo del proyecto, careciendo así de independencia e imparcialidad.

La demanda sostiene que el EIA debe evaluar los impactos acumulados en el lugar donde se pretende realizar el proyecto en relación con otros proyectos extractivos y de infraestructura pública, hecho que no ocurre en el caso de este megaproyecto, donde no se evalúa el impacto de remover ríos que han registrado sistemáticamente derrames de petróleo.

Finalmente, demandan que la elaboración del EIA debe ser fiscalizada totalmente por el Estado y los organismos supervisores competentes. Esta fiscalización no solo debe darse al inicio, como ocurre con este proyecto, que solo fue fiscalizado al inicio por el Senace, pero no a lo largo de todo el procedimiento.


Fuente: Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica

SUNASS PROMUEVE USO RESPONSABLE DEL AGUA POTABLE DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

Con el objetivo de generar una cultura de valoración del agua potable durante la pandemia, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) lanzó la campaña nacional de uso responsable y solidario del agua potable bajo el lema: #CadaGotaImporta.

Este año, la campaña tendrá un enfoque sanitario, con el fin de apoyar también al cuidado de la salud y la prevención de la COVID-19. La emergencia sanitaria demanda el uso de agua potable para acciones importantes, como el lavado de manos, la limpieza de alimentos y el aseo del hogar, por lo cual, como es natural, hay un aumento en el uso del recurso. Sin embargo, también persisten las malas prácticas y descuidos que motivan un derroche o desperdicio del agua potable que se hace más evidente en circunstancias como las que estamos viviendo. Solo entre marzo y diciembre del 2020, el consumo del agua en Lima se incrementó en 50 mil millones de metros cúbicos, lo que equivale a 20 estadios nacionales, según Sedapal.

El uso irresponsable y desperdicio del agua potable también se agudiza en la temporada de verano debido al aumento de la temperatura y a la coincidencia con las fiestas de carnavales, que según Sedapal, en veranos pasados, se derrochó 120 millones de litros de agua en el llenado de piscinas y en juegos de carnavales, lo que representa el consumo del recurso de 4800 familias.

Una campaña de uso responsable y solidario se hace necesaria más que nunca, considerando que en el Perú todavía existen más de 3 millones de personas que no acceden al agua potable a través de una red pública, según el INEI y que en Lima aproximadamente 672 mil personas no cuentan con el servicio, según Sedapal.

Al respecto, el presidente ejecutivo de la Sunass, Iván Lucich Larrauri, manifestó que “en el actual contexto, un verano en plena pandemia, el agua es un recurso más valioso que nunca, pues ayuda a prevenir la COVID-19 y otras acciones esenciales, por lo cual debemos hacer el esfuerzo como sociedad de tomarnos en serio el cuidado del agua potable, a través de acciones sencillas, como no dejar el caño abierto al cepillarnos los dientes o enjabonarnos las manos”.

AGUA Y SALUD

El uso de piscinas no solo constituye una oportunidad para derrochar el agua, sino que pueden ser, según el Ministerio de Salud, un potencial foco de contagio de la COVID-19, cuando no se guarda la distancia física adecuada con las otras personas.

Asimismo, EsSalud advierte que la higiene inadecuada en piscinas puede producir infecciones respiratorias y estomacales. También, se recomienda evitar el juego de carnavales, ya que una mascarilla mojada pierde su efecto protector.

Fuente: Prensa SUNASS