Habrá que prescindir del Tribunal Constitucional como ente protector de los derechos humanos si se confirma que decidió declarar prescritos los delitos que se investigan en la matanza del penal “El Frontón”, afirmó el coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera Paz, al comentar las recientes versiones que señalarían que dicho órgano archivó ese caso de derechos humanos.“Significaría concretamente que esa resolución le pone un antes y un después al Tribunal Constitucional como ente de protección de los derechos fundamentales del Perú y como ente protector de la constitucionalidad. No sólo vinculada a la normatividad nacional sino a un conjunto de normas internacionales de protección a los derechos humanos”, dijo.
“Ese es el puntillazo final o el tiro de gracia a un ente que es llamado por la naturaleza de su función a proteger en última instancia los derechos fundamentales de las personas. Si ese es el sentido de la resolución ahora habrá que prescindir seguramente del TC como ente protector de los derechos fundamentales en el Perú, lo cual agrave significativamente la situación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos”, señaló.
Sostuvo que dicha resolución afectaría a los cientos de casos que actualmente vienen siendo investigados por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la década de los 80 y 90.
“Si ese va hacer el pronunciamiento del TC que un crimen cometido hace casi 22 años ha prescrito, cuando el consenso internacional, las normas internacionales dicen que siendo un crimen contra la humanidad nunca prescribe, no sólo se va afectar al caso el Frontón -que es grave- sino que afectará a cientos de casos que están siendo investigados actualmente que son crímenes cometidos en la década de los años 80 o a inicios de los años 90. Por el transcurso del tiempo habrá un perfecto argumento en contra, por la decisión del propio TC”, mencionó.
Se ha perdido la decencia en el TC De otro lado, calificó de grave las versiones que señalarían que uno de los ministros del actual régimen habría influenciado en la decisión el magistrado Ernesto Álvarez para que cambie de opinión y declare prescrito el caso. Sostuvo que se demuestra que se ha perdido la decencia. “Sería mucho más grave ya no sólo el sentido de la nueva jurisprudencia del TC que termina favoreciendo a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos. Si esto es así entonces que el Tribunal deje de hacer lo que está haciendo. Si va hacer un ente protector de la Constitución que termina sometiéndose en términos de sus decisiones a las presiones políticas no solamente hemos perdido un órgano de protección a los derechos humanos sino también la decencia”, remarcó.
Rivera Paz comentó también las expresiones del recién electo presidente del Poder Judicial Javier Villa Stein, quien durante una entrevista dijo haber olvidado que señaló que los hermanos Alex y Moisés Wolfenson fueron víctimas de una politización de su caso. Sostuvo que el magistrado estaría tratando de evitar una crítica más contundente contra su elección como nuevo titular de la Suprema.
“Él está tratando de torear algunas situaciones que reconoce y debe ser consiente de que son cuestionables, como su posición frente a la validez como prueba de los videos y audios y su posición frente a la labor del sistema anticorrupción. Probablemente también frente a la labor del subsistema penal de derechos humanos que imagino entrará en salmuera el año que viene”, afirmó.
“Me parece que eso se reflejó en una entrevista que el día de su elección se publicó en la revista Caretas donde se le notaba que estaba toreando las preguntas del entrevistador. Eso me parece crítico, porque es él el que va a conducir los destinos del Poder Judicial, la persona que en la primera semana de enero va a generar una nueva reconstitución de los tribunales penales donde se verá la apelación del caso a Fujimori”, refirió.
Indicó que estamos ingresando no sólo a una batalla legal sino política en el caso Fujimori. Explicó que no sólo serán importantes los argumentos escritos de la sentencia o las influencias y el escenario político, sino también la opinión del nuevo titular de la Corte Suprema. Cuestionado fallo que favorece a Fujimori.
En otro momento, manifestó que ya se está poniendo en riesgo el caso Fujimori en la Corte Suprema, al comentar que recientemente se emitió una cuestionada decisión en el caso de la desaparición forzada del teniente del Ejército Marco Barrantes y el espía ecuatoriano Enrique Duchicela, fallo que podría influir en el juzgamiento del ex presidente. “La Corte Suprema acaba de resolver el tercer caso de desaparición forzada y acaba de emitir una resolución extraña y contradictoria en esta materia. Ahí cuestiona esta tesis del caso Fujimori, que hay una orden presidencial y hay una ejecución de un crimen por parte de un aparato de inteligencia. Lo que ha hecho la Corte Suprema ante una absolución de todas esas personas – es que ha decidido excluir del caso al jefe del SIE (al general EP (r) Oswaldo Hanke Velasco) y ordenar un nuevo juicio a quienes ejecutaron las desapariciones y el descuartizamiento de personas”, reveló.
Precisó que dicho argumento podría ser utilizado en el caso del ex presidente Alberto Fujimori e informó que la Corte Suprema con la ponencia de César Vega Vega, actual presidente de la Corte de Lima, deja sentado “que no existe responsabilidad en los crímenes de desaparición forzada”.
“Se dice que si bien ese crimen lo comete un funcionario público, en el momento en que deja de ser funcionario público ya pierde una competencia funcional sobre los autores del hecho delictivo. Con ese tesis se podría argumentar que Fujimori el 14 de noviembre del 2000 cuando renunció a la presidencia de la República, dejó de ser funcionario público y por lo tanto ya no tiene control funcional sobre los hechos perpetrados en su gobierno”, mencionó.
“Con esto también se podría decir que Montesinos que recién pasó a ser funcionario público en el SIN el año 95, no era funcionario público y por lo tanto no tenía ninguna capacidad de control funcional sobre lo que hacían los que sí tenían la capacidad de funcionario”, anotó.
Calificó de extraña esta decisión, respecto a las decisiones tomadas en el caso Castillo Páez y Chuschi, donde la Corte Suprema ha ratificado de manera coherente una posición respecto al delito de desaparición forzada.
“Se está tirando abajo estos argumentos. Ahora se elabora una nueva teoría en la que los jefes quedan excluidos y por lo tanto se afecta sustancialmente la teoría del caso Fujimori. Es decir hay un jefe político que emite órdenes y un aparato de inteligencia que las ejecuta. Esa teoría se cuestiona y se petardea y dice que el jefe queda excluido y los perpetradores deben ser juzgados y sancionados”, concluyó.
Fuente: Noticia Local - Ideele Radio
