Lima, 12 / 07 / 2007
En los últimos días los vocales Jorge Alberto Egoavil Abad y Nancy Ávila León De Tambini, de la Tercera Sala Penal de Reos Libres, han declarado fundado un Hábeas Corpus presentado por Teodorico Bernabé Montoya, uno de los marinos denunciados, la cual deja sin efecto la denuncia presentada en contra de un grupo de 24 ex marinos implicados en la matanza en el Frontón.
Para Carlos Rivera, representante de dos víctimas de este caso la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) debe investigar el criterio que manejaron estos magistrados para señalar la prescripción de los delitos. “Es cierto que este Habeas Corpus formalmente está favoreciendo a uno de los 24 pero si la sentencia de esta Sala firmada por Egoavil y Ávila De Tambini está declarando que los hechos han prescrito, por lo tanto, debemos entender que es un asunto y una resolución que va a beneficiar a los 24 que probablemente tenga graves consecuencias sobre el proceso judicial que ya esta en marcha”.
Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) es de similar opinión. Considera que la cuestionable resolución emitida por los vocales Egoavil Abad y Ávila León de Tambini, señala que los Fiscales José Luis Azañero y Edgar Zenón Chirinos -que acusaron a marinos implicados en este proceso- habrían cometido un perjuicio al denunciar un hecho ya prescrito y esto no es así.
El caso El Frontón ha quedado prácticamente en manos de la jueza Miluska Cano del Cuarto Juzgado Supraprovincial quien debe analizar detenidamente la resolución de los cuestionados magistrados Egoavil Abad y Ávila León de Tambini que contraviene las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales suscritos por nuestro país.
Para recordar
El 19 de junio de 1986, durante el primer gobierno del presidente Alan García ocurrió una de las matanzas más graves del país. En forma simultánea en varios penales -donde estaban recluidos acusados de terrorismo- se produjeron amotinamientos. Uno de ellos fue en el Centro de Rehabilitación Social -CRAS- San Juan Bautista de la Isla Penal El Frontón.
Tras el ingreso de miembros de la Marina para el develamiento fueron asesinados más de cien reos producto de la arremetida de las fuerzas del orden que usaron explosivos y armas de fuego. Ese mismo año el Consejo de Guerra Permanente de Marina ordenó un proceso para determinar la posible responsabilidad penal de los miembros que debelaron el motín. La instancia militar no encontró ninguna responsabilidad y archivo el caso.
Años más tarde, el 16 de agosto del año 2000, la Corte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado Peruano por la matanza en el Frontón y la muerte y desaparición de Nolberto Durand y Gabriel Ugarte -reos de ese penal- ordeno esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Es así que la Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzosas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas abrió una investigación por la muerte de 116 reos.
El proceso judicial que demostró que se trató de ejecuciones sumarias a internos rendidos y que la Marina desarrolló un plan de desaparición de fallecidos avanza lentamente con idas y venidas. En el caso están investigados el presidente Alan García y todos los miembros de su Consejo de Ministros de 1986.
Años más tarde, el 16 de agosto del año 2000, la Corte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado Peruano por la matanza en el Frontón y la muerte y desaparición de Nolberto Durand y Gabriel Ugarte -reos de ese penal- ordeno esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Es así que la Fiscalía Especializada en Desapariciones Forzosas, Ejecuciones Extrajudiciales y Exhumación de Fosas Clandestinas abrió una investigación por la muerte de 116 reos.
El proceso judicial que demostró que se trató de ejecuciones sumarias a internos rendidos y que la Marina desarrolló un plan de desaparición de fallecidos avanza lentamente con idas y venidas. En el caso están investigados el presidente Alan García y todos los miembros de su Consejo de Ministros de 1986.
Las investigaciones han demostrado que el Presidente Alan García tuvo conocimiento de lo que ocurría en el Frontón pero no dispuso la detención del develamiento y posteriormente no inicio investigaciones serias para identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del hecho lo cual se encuadraría en la figura penal omisión.
Fuente: Noticia Local - Ideele
