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12 mar 2010

Plantean modificar ley de licencias automáticas de construcción

El presidente de Asociación de Municipalidades del Perú (Ampe), César Acuña, planteó la modificación la Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, al considerar que pone en riesgo la seguridad e integridad física de la población ante un eventual terremoto u otro desastre.

Acuña Peralta, también alcalde provincial de Trujillo, precisó que es necesario afirmar la autoridad de las municipalidades, pues la norma restringe sus funciones en lo que respecta a la supervisión de las obras; sin embargo, los responsabiliza civil y penalmente de eventuales daños.

“Esta ley no solo permite la entrega de licencias automáticas de construcción, sino que creó la figura de los revisores urbanos, que son personas encargadas de supervisar los proyectos habitacionales de más de cinco pisos, cuyos honorarios los pagan las empresas constructoras, siendo juez y parte”, precisó a RPP.

Añadió que el plan antisísmico lanzado el fin de semana por el presidente Alan García debe incluir la verificación de las construcciones, que accedieron a las licencias automáticas o que obtuvieron permiso por la aplicación del silencio administrativo positivo.

“Para que el plan sea más coherente, debe incluir la derogatoria de la Ley 29090”, indicó Acuña.

Asimismo, dijo que la ley resta o restringe competencias administrativas de control y supervisión a las municipalidades, reduciéndolas a simples mesas de parte de las empresas constructoras.

Refirió que este mismo pedido ha sido planteado por los colegios profesionales de Ingenieros y Arquitectos, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y la Ampe.

Fuente: Noticia Local - Agencias

9 dic 2009

Comunidades indígenas piden nulidad de contrato con Petrobras

Iquitos, 09 / 12 / 2009

Los dirigentes de la Federación Indígena Kichwa del Alto Putumayo Inti Runa (FIKAPIR) y la Organización Indígena Secoya del Perú-OISPE exigieron la nulidad del contrato suscrito entre el Gobierno Central y Petrobras, porque no se consultó a la población como lo disponen los convenios internacionales.

El corresponsal de Ideeleradio informó que los dirigentes demandaron la inmediata categorización final de la Zona Reservada de Güeppí en un parque nacional y dos reservas comunales, tal y como fue acordado con sus comunidades en un acta de asamblea del 30 y 31 de Marzo del 2006, después de varios años de debate con el Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena).

A través de un comunicado señalaron que el contrato firmado entre el Estado y la empresa petrolera en el año 2006, viola el derecho a al consulta previa de los pueblos indígenas, como establece en el Convenio 169 de la OIT, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de 2007.

Fuente: Noticia Local - Ideele Radio