Escribe: José De Echave C.
La empresa minera canadiense, Bear Creek, anunció que ha presentado una notificación de arbitraje al amparo del capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Canadá.
Como se sabe, Bear Creek es el titular del proyecto minero de Santa Ana en el sur de Puno, que fue paralizado en los últimos meses del gobierno de Alan García, luego de varias semanas de protestas de la población.
La empresa señala que la decisión del gobierno peruano afectó sus intereses y está amenazando con una demanda que será presentada en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que es uno de los tribunales de arbitraje más utilizados y que pertenece al Grupo del Banco Mundial.
La empresa argumenta que la decisión del gobierno de García las afectó de diferentes maneras. No solo sus derechos fueron suspendidos, sino las acciones de la compañía cayeron en la Bolsa de Toronto. Por lo tanto, la demanda no será solamente por los montos que la empresa habría invertido en el proyecto minero, sino por los daños y perjuicios y lo que en los TLC se conoce como las expectativas de ganancia futura de la empresa.
Cuando se hacen los balances y los análisis de los costos y beneficios de la implementación de los TLC en el Perú, nunca se mencionan el aumento de demandas en contra el Estado peruano por empresas extranjeras, que viene utilizando los beneficios que le brindan los capítulos de protección a las inversiones de los TLC.
Cabe señalar que desde la firma del primer TLC por el Perú (2006), las denuncias de inversionistas en contra del Estado peruano se han elevado notoriamente: como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en la actualidad las demandas de inversionistas en contra del Estado peruano ya bordean los US$ 6 mil millones y como lo demuestra el caso Bear Creek, la lista de demandas y las sumas reclamadas por las empresas no cesan de aumentar.
Fuente: Noticia Local - CooperAcción
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