La Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Cusco sentenció a ocho años de cárcel al ex presidente regional, Hugo Gonzales Sayán, y a siete años y cinco meses a su ex vicepresidente, Mario Ochoa Vargas, por colusión y tráfico de influencias.
La lectura de la condena tuvo lugar en la sala de audiencias del penal de Qenccoro y se prolongó por más de tres horas, tiempo en que se dio a conocer los fundamentos y argumentos del proceso investigatorio por la entrega irregular de los trabajos de mantenimiento de 13 carreteras de Cusco a una empresa.
También se dispuso siete años de prisión a Katiuska Cárdenas, hermana de Milenko Cárdenas, intermediario entre la región y la empresa contratista, y a cinco años a Guido Gallegos, ex gerente regional de infraestructura; ambos por colusión.
Los aludidos, que tenían prisión preventiva desde octubre, entre ellos Gonzales Sayán, fueron internados en el penal de Qenccoro; Katiuska Cárdenas fue conducida al penal de mujeres de Qenccoro (contiguo al de varones).
El consultor externo Daniel Merino Yépez recibió cuatro años de prisión suspendida. Todas las sentencias fueron establecidas por el juez Andrés Quinte Villegas.
Según las investigaciones del Ministerio Público, a cargo del fiscal Aquiles Peña Gómez, en la cuenta personal de Cárdenas se depositó más de 900 mil nuevos soles por parte del gobierno regional como adelanto directo para materiales e insumos para el mantenimiento de vías.
El juicio se inició el 11 de mayo, tras dos años de investigaciones. La denuncia fue presentada por el ciudadano Jaime Aragón Núñez, la Procuraduría Anticorrupción de Cusco y la comisión de investigación del gobierno regional, integrada por los consejeros de la anterior gestión Carlos Dargent Holgado, Saturnino Pulla Jiménez y Miguel Baca.
Por este caso, la Policía Judicial capturó el 3 de octubre del 2010 a Ochoa Vargas, ex vicepresidente regional de Cusco; mientras que Guido Gallegos se entregó a la justicia en mayo pasado.
Se mantuvo en reserva las sentencias para Nelly Palomino (garante de cartas fianzas), Milenko Cárdenas (intermediario), Joel Salazar (dueño de la empresa contratista) y Samuel Loayza (esposo de Nelly Palomino), prófugos de la justicia.
Todos los sentenciados, excepto Merino Yépez, pagarán una reparación civil de 50,000 nuevos soles cada uno en favor del gobierno regional del Cusco. Yépez sólo hará el pago de 5,000 nuevos soles.
Además están inhabilitados por tres años de ocupar cargos públicos y postular a elecciones políticas populares.
Gonzales Sayan, Ochoa Vargas y Cárdenas, según sus abogados, presentarán el recurso de nulidad a la Corte Suprema de Justicia de Lima; los dos primeros se declararon inocentes.
Fuente: Noticia Local - Agencias
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